Un total de 11 municipios del estado de Puebla, entre ellos, la capital, se colocan con un alto potencial de desarrollo económico; sin embargo, al mismo tiempo, 79 demarcaciones que se encuentran en las sierras Norte y Negra se colocan con bajos niveles.
De acuerdo con análisis realizado por expertos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado de Puebla cuenta con zonas apropiadas para el crecimiento económico, pero también con muchos municipios en situación de riesgo, ante lo cual, el ordenamiento territorial es clave para impulsar un desarrollo adecuado.
Dentro de los municipios poblanos con un potencial de desarrollo económico muy alto se encuentran Puebla, Xoxtla y Cuautlancingo; mientras que el principal reto de desarrollo se encuentra en el interior del estado.
Mario Daniel Ignacio Gómez Soberón, coordinador estatal del Inegi en Puebla, resaltó la importancia de implementar proyectos de ordenamiento territorial en el estado, que se basan en proyecciones de 30 años, para atender los retos a partir de un trabajo articulado entre academias, gobiernos y sociedad civil.
Durante su participación en un foro virtual organizado por la Universidad Iberoamericana Puebla, Gómez Soberón destacó que, en conjunto con un equipo de 25 especialistas, se desarrolla un programa de ordenamiento territorial para Puebla.
La propuesta se enfoca en el desarrollo integral y sustentable de la entidad y plantea una estrategia para el desarrollo económico a través de patrones de aprovechamiento del territorio.
Con apoyo de mapas, el equipo del Inegi identificó regiones en las que la actividad humana ha sobrecargado la capacidad de resiliencia de la naturaleza, como en la zona metropolitana de Puebla.
De forma adicional, se localizaron amenazas y riesgos naturales antropogénicos, geomorfológicos, químicos, sanitarios y sociales, lo que, permite identificar zonas de alta, mediana y baja peligrosidad.
“Un monitoreo permanente del desarrollo y la prospectiva de cada espacio permite tomar decisiones en beneficio tanto del suelo y los recursos naturales como de las personas que se benefician de ellos. Tanto la ocupación del territorio como su uso son muy diversos”, explicó Gómez Soberón.
Los instrumentos de planeación, la implementación y la administración de programas de ordenamiento corresponde, principalmente, a los ayuntamientos; sin embargo, la falta de continuidad en proyectos puede tener consecuencias negativas para los espacios de mayor riesgo
“Tanto el trabajo científico como las decisiones públicas deben involucrar a la ciudadanía. Es importante que, después de que tengamos una solución técnica, esta se comparta con los habitantes del territorio. Reordenar el territorio equivale a que lo que tenía antes va a cambiar. Tengo que ceder parte de mi beneficio para un beneficio común”, explicó.
Por último, el investigador destacó que, de manera histórica se ha concebido el ordenamiento territorial como una práctica científica y administrativa que se utiliza para comprender las relaciones entre los diferentes elementos que conforman una región y proponer políticas públicas para su cuidado y desarrollo pleno.
CHM