El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) aseguró que México puede pagar un alto costo y principalmente ver afectada la inversión, ante la mala postura del gobierno federal en las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá bajo el T-MEC en materia energética, lo que además se une al complicado panorama por inseguridad.
En su análisis ejecutivo el Ceesp indicó que la producción, y la actividad económica mantiene un letargo que no augura un mejor desempeño en el corto plazo, donde los pronósticos de crecimiento para lo que resta del sexenio se han ajustado a la baja para ubicarse por debajo de 2 por ciento.
“Los datos recientes aún no apuntan a una reactivación sólida de la economía. No ayuda la percepción de inseguridad ni los datos de delitos, y menos aún, ayuda a la postura oficial ante las consultas de Estados Unidos y Canadá en el marco del TMEC. Esto puede llegar a tener un alto costo económico para México y debilitar aún más su imagen frente a la inversión potencial, que le permitiría al país aprovechar mucho más su posición privilegiada en el contexto global actual”, aseveró.
El Ceesp resaltó que es necesario y fundamental que el discurso oficial por parte del gobierno federal, “sea congruente con la necesidad de atraer y facilitar inversión productiva”.
Agregó que el consumo medido por las ventas en los primeros cinco meses del año mostraba una tendencia distinta, ya que las ventas al menudeo mantenían un ritmo ascendente, donde cifras parciales sugieren que las ventas probablemente no mantengan el ritmo señalado.
Un tema de naturaleza distinta, pero que por su dimensión se considera un limitante significativo para el crecimiento económico, es la seguridad pública, ya que de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana, en el segundo trimestre del año 67.4 por ciento de la población mayor a 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad.
“La percepción de inseguridad contrasta con la visión de las autoridades que subraya una disminución de la incidencia delictiva apoyada en la directriz presidencial de cero impunidad y corrupción. La situación de la seguridad pública realmente depende de cómo se quiera ver”, afirmó.
Expuso que los principales problemas que percibe la población se relacionan con la falta de inversión en infraestructura pública, como son los baches en las calles y avenidas, fallas y fugas en el suministro de agua potable y alumbrado público insuficiente.
Esto luego de que la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció que solicitaron formalmente consultas de resolución de disputas contra México bajo el T-MEC, derivado de ciertas medidas por parte del gobierno mexicano que socavan a las empresas estadounidenses en el sector energético, y que están en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su consistencia con los compromisos bajo el T-MEC. Estos cambios de política afectan los intereses económicos de EU en múltiples sectores, y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y confiable”, aseveró Tai.
Mediante un documento emitido por la Oficina de Comercio de Estados Unidos (USTR), Tai señaló que han “tratado de trabajar” de manera constructiva con el gobierno mexicano para abordar las preocupaciones, “pero lamentablemente, las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato injusto en México. Buscaremos trabajar con el gobierno mexicano a través de estas consultas, resolver las preocupaciones para avanzar en la competitividad de América del Norte”.
Expuso que las acciones de México incluyen entre otras, enmiendas a la ley de electricidad que priorizan la distribución de energía generada por CFE, sobre fuentes de energía más limpias proporcionadas por proveedores del sector privado, como la eólica y la solar; también incluyen los retrasos, denegaciones y revocaciones por parte de México de las capacidades de las empresas estadounidenses para operar en el sector energético de México, incluso con respecto a proyectos de energía renovable.
“Las políticas de México han cortado en gran medida las inversiones estadounidenses y de otros países en la infraestructura de energía limpia del país, incluidos pasos significativos para revertir las reformas que México realizó anteriormente para cumplir con sus objetivos climáticos en virtud del Acuerdo de París. Los cambios de política de México amenazan con expulsar la innovación del sector privado del mercado energético mexicano”, resaltó Tai.
La Secretaría de Economía explicó que las consultas constituyen la etapa no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias que prevé el T-MEC, por lo que a partir de esta fecha, ambos países tienen un periodo de 75 días para solucionar la controversia durante esta etapa.
Agregó que en caso de no llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre la correcta aplicación e interpretación de estas disposiciones, EU podrá solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre este asunto. "Esta es la cuarta vez que se utiliza el mecanismo general de solución de diferencia del Capítulo 31 del T-MEC".
Desde la entrada en vigor del Tratado, Estados Unidos inició un procedimiento en contra de Canadá por la distribución de cupos en el sector lácteo; Canadá en contra de Estados Unidos por una medida de salvaguarda en materia de células fotovoltaicas; y México y Canadá en contra de Estados Unidos por la interpretación y aplicación de las reglas de origen en el sector automotriz.