Luego de que el sector empresarial, sindicatos de trabajadores y gobierno federal llegaron a un acuerdo sobre regular la subcontratación u outsourcing, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que para llegar a esto las tres áreas tuvieron que ceder para que el país no perdiera competitividad laboral.
El presidente del organismo, José Medina Mora, comentó que la iniciativa presidencial hecha en noviembre del 2020 establecía la prohibición de la subcontratación; sin embargo será permitida y con esto las empresas podrán tener flexibilidad.
“Las tres partes ganamos, pero también cedimos algo para que los otros ganaran. Sí es satisfecho llegar a este acuerdo que permite la subcontratación que es importante para la competitividad del país”, aseveró.
Explicó que algunas empresas ya se están preparando y en abril se discutirá en la Cámara de Diputados y Senadores; para mayo, la Secretaría del Trabajo publicará los lineamientos y se tendrán tres meses para implementarse, “es decir, junio, julio y agosto y entrará en vigor en septiembre”.
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Ante esto, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) aseguró que esto afectará y generará mayores costos para las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
“Lo vemos más complicado para las Pymes, pues lo van a tener desde dos perspectivas, uno es lo que verán de sus proveedores y las empresas les van a demandar información; tenemos que ver cómo les ayudamos”, aseveró el presidente del organismo, Rodrigo Fernández Martínez.
Indicó que preocupa las sanciones que puedan existir y que esto propicie corrupción.
En tanto el director general, Guillermo Dillon Montaña, dijo que ya analizan un acompañamiento a las Pymes para que sobrelleven las regulaciones.
Asimismo, la firma especializada en recursos humanos, ManpowerGroup, estima que con el acuerdo más de 3 millones de trabajadores perderán oportunidades laborales y solo un millón podrá ser contratado.
Un análisis de la firma, basado en los 4 millones 600 mil empleos subcontratados del país, arrojó que con las intenciones de contratación de las empresas, 30 por ciento de los subcontratados podrán ser empleados de base, 60 por ciento pasará a esquemas sin seguridad social y 10 por ciento se perderá o pasará a esquemas de evasión o informales.
Refirió que si bien el acuerdo brinda un panorama más claro para la contratación y la generación del empleo, prohibir la actividad no evitará las malas prácticas de contratación.
Además, las contrataciones semi-informales generarán el cumplimiento con el pago de impuestos, pero alejará la seguridad social y prestaciones.