El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es muestra de la impunidad en México y de cómo la vida ha perdido su valor.
El reloj de las cámaras de seguridad, a las que esta columna tuvo acceso, marcaba las 8:54 de la mañana del domingo 20 de octubre. El sacerdote había arrancado su camioneta y avanzó por la calle frente a la parroquia donde acababa de concluir la misa, una moto se le acercó del lado del conductor y le dispararon. La gente, muchos de ellos que seguían saliendo de la iglesia, corrió a ver lo que acababa de ocurrir. Su párroco, que minutos antes dio un sermón y les pidió ir en paz al concluir la celebración, acaba de ser asesinado.
Pérez Pérez se caracterizó por ser conciliador. Su mediación llegó hasta integrantes del crimen organizado. Cuentan quienes lo conocían que nunca quiso tomar un bando. Su postura neutral le mereció amenazas y ocasionó su traslado desde Pantelhó a San Cristóbal.
Sus buenas intenciones para que bajara la violencia y llegara la paz a Chiapas no fueron suficientes. Ni bajó la violencia, ni se alcanzó la paz y lo mataron.
En su comunidad, el crimen causó indignación. Organizaciones civiles y religiosas han expresado su consternación y exigido justicia. Las autoridades ya hicieron lo que siempre hacen: lamentan lo ocurrido e informan que ya están investigando.
¿Qué tiene que pasar o a quién tienen que matar para que el discurso tras un asesinato cambie? ¿Cuándo se reconocerán las deficiencias en materia de seguridad, que ni siquiera la vida de un sacerdote se puede garantizar?
El nuevo gobierno federal tiene en su estrategia de seguridad un apartado especial para Chiapas. Al menos reconoce el problema en la entidad, pero la acción debe ser urgente y efectiva inmediatamente.
El plan estima que 12 de los 124 municipios chiapanecos concentran la ocurrencia de homicidios dolosos. Sin embargo, entre ellos no se incluyó San Cristóbal de las Casas, donde los delincuentes de otros municipios acudieron a matar al sacerdote.
La estrategia incluye “atención a las causas” con los programas sociales, “presencia permanente” para prevenir crímenes, “construcción de paz con acciones de desarrollo comunitario” e “inteligencia operable para despliegues operativos” (así dice el documento). Con que el segundo y el último funcionaran se habría evitado el crimen, pero ni había presencia policial y evidentemente falló la inteligencia.