Para algunos, en el año que termina murió la democracia mexicana. Nos dicen que asistimos al inicio de una dictadura que se instaló con los mecanismos del derecho y sobre las ruinas de la transparencia, la división de poderes y los contrapesos. Que la Constitución es un vestigio de otro tiempo, de un régimen extinto que llaman con orgullo “la transición democrática”. Hoy afirman con nostalgia que la República no existe, pues se ha degradado en una autocracia constitucional.
Curiosamente, la mayoría de las y los mexicanos tenemos una imagen bien distinta de lo que acontece en nuestro país. Para muchos, vivimos un momento histórico. Una etapa de profunda vitalidad democrática, con libertades políticas y derechos sociales.
Quienes auguran la dictadura afirman que la mayoría de la gente vive en el engaño: capturada por la propaganda política, manipulada por los medios de comunicación o por el asistencialismo.
El problema es que su narrativa no resiste el embate de los hechos. Los resultados medibles en el combate a la pobreza durante los últimos años, la ferocidad con la que se ataca al gobierno en los medios de comunicación, el carácter permanente que se ha dado a los programas sociales como derechos constitucionales y la reputación del gobierno de México en el plano internacional cuentan otra historia.
Una explicación mucho más potente es que en México gobierna un movimiento que le ha devuelto el poder público a las mayorías. Un proyecto popular que lejos de ver con desconfianza a las masas, coloca sus intereses y prioridades al centro de las decisiones. Que despliega las capacidades del Estado en beneficio del pueblo y no para el provecho de una élite discreta.
El proyecto gobernante tiene el respaldo de la gente porque no busca anular, marginar o privar de influencia a las mayorías, sino hacer justicia a sus demandas a partir del reconocimiento de su dignidad y su carácter soberano.
Por primera vez la voluntad popular se traduce en acciones concretas, en políticas tangibles con resultados medibles. La educación, la salud y la vivienda se conciben como derechos universales y no como prebendas o concesiones. Se impulsa la innovación pública, la ciencia, la cultura, la paz, la seguridad y la justicia social. Además, el gobierno prioriza la construcción de derechos para todas las personas, especialmente para las minorías y las poblaciones que han sido históricamente marginadas.
Ese proyecto de dignificación popular contrasta profundamente con el paradigma fallido de la “transición democrática”. Un proyecto individualista que buscó encapsular el poder con organismos autónomos y privatización para blindarlo de cualquier injerencia popular, efectivamente anulando la capacidad de las mayorías para incidir en la toma de decisiones. Una visión del pueblo como un ente manipulable, acrítico y sin agencia, lo que explica el desprecio de la derecha hacia el proyecto político gobernante.
Es cierto que la democracia constitucional exige más que el gobierno de la mayoría. Se requieren instituciones que garanticen la protección de los derechos humanos, la representación política, la división de poderes, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, entre otros valores que hoy están plenamente garantizados. Prueba de ello es que todos los días se cuestiona y reprocha libremente al gobierno sin ningún tipo de consecuencia negativa para quien expresa la crítica.
Pero en un nivel fundamental, la democracia aspira a hacer efectivo el ejercicio del poder público en beneficio de las mayorías. En su esencia está el anhelo de hacer realidad el ideal de autogobierno de la gente. La idea de que sea el propio pueblo el que determine libremente su destino. Es en esa medida que la democracia mexicana, lejos de marchitarse, resplandece con fuerza en los albores del nuevo año.