Se dice que la reforma judicial será desastrosa para el estado de derecho. Que lejos de mejorar la justicia, nos sumirá en la incertidumbre, pues no garantiza la idoneidad de los próximos jueces y juezas federales. Que a partir de ahora bastará con la carta de recomendación de algún vecino para ser ministro de la Corte. Que las filas del Poder Judicial se llenarán de juzgadores incompetentes, improvisados, novatos de dudosa reputación electos por su popularidad y no por su trayectoria profesional o por sus méritos.
El problema de quienes optan por descalificar y caricaturizar de esta forma es que, más pronto que tarde, la realidad les alcanza.
El pasado 31 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instaló el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal, del cual me honra profundamente formar parte. Hoy han quedado establecidos los Comités de los tres Poderes de la Unión, que tienen a su cargo la selección rigurosa de los mejores perfiles para la elección judicial del próximo 1 de junio.
En los siguientes días, los Comités de Evaluación recibirán las postulaciones de las y los aspirantes de todo el país. Las aplicaciones deberán resistir un escrutinio intenso y riguroso a partir de la competencia profesional, el mérito académico y la integridad.
La misión de los comités es clara: seleccionar únicamente a los mejores perfiles; profesionistas de primer nivel, técnicamente impecables y éticamente intachables.
Para tener la posibilidad de ser votados por la ciudadanía, las y los aspirantes deben aprobar tres etapas. Primero, los comités analizarán el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, grado académico, calificaciones obtenidas, experiencia profesional, entre otros.
Segundo, los comités realizarán una evaluación global de los perfiles curriculares tomando en cuenta el ensayo, las cartas de recomendación, los antecedentes académicos y la trayectoria profesional, entre otros factores que permitan valorar integralmente la idoneidad y honestidad de las personas aspirantes.
Finalmente, los mejores perfiles serán sometidos a entrevistas públicas que pondrán a prueba sus conocimientos técnicos, su competencia jurídica y su vocación de servicio. Las y los aspirantes serán exitosos si se desenvuelven con excelencia en materias como derecho constitucional y derechos humanos; así como en aptitudes como interpretación y argumentación jurídica, valoración probatoria, atención a la ciudadanía, entre otras que den absoluta certeza de su solidez profesional.
Al final del camino, solo las personas mejor evaluadas tendrán acceso a la posibilidad de ser electas por la ciudadanía el 1 de junio de 2025.
Como se observa, se trata de un proceso de selección exhaustivo como nunca antes se ha diseñado en nuestro sistema de justicia. Se compone de criterios objetivos y parámetros claros. Lejos de amenazar al Poder Judicial, el proceso satisface los estándares internacionales en materia de independencia judicial, pues garantiza la integridad, idoneidad y formación jurídica de las personas juzgadoras.
La esencia de la reforma constitucional del pasado 15 de septiembre es democratizar el Poder Judicial y restaurar la brecha de desconfianza que cada día es más profunda entre las personas y sus jueces. Se trata de abrir las puertas de la justicia para que en su seno se escuchen todas las voces. Mediante los Comités de Evaluación, ese anhelo es compatible con el profesionalismo y la excelencia que demanda la impartición de justicia.
Asumo con plena responsabilidad esta encomienda, que me honra y me compromete profundamente. Llevaremos a buen puerto esta labor. Trabajaremos intensamente para consolidar esa justicia humana, cercana y sin privilegios que tanto anhela y merece el pueblo de México.