El pasado 19 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó la minuta que propone reformar la Constitución en materia de Guardia Nacional, y la remitió al Senado de la República para su análisis. La reforma define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional, integrada por personal militar con formación policial, y estipula que dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esta decisión ha generado una intensa ola de reproches desde la oposición, que califica a la propuesta como un movimiento autoritario del Gobierno en turno; la “culminación” de la militarización de la seguridad pública y un retroceso irreparable en materia de derechos humanos. Desde esta perspectiva —que no comparto— la reforma es la estocada final en la militarización de todas las áreas de la vida pública de nuestro país, que ahora quedará sometido al poder omnímodo de las fuerzas armadas. Este catastrófico panorama no resiste el menor análisis.
En primer lugar —como lo sostuve siendo ministro de la Suprema Corte en abril de 2023— asignar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena no implica que ésta pierda su carácter civil para convertirse en una institución militar. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para decidir si una institución es civil o militar deben evaluarse dos factores: finalidad y formación, ninguno de los cuáles se ve afectado por la minuta.
Al contrario, tanto la finalidad de la Guardia Nacional —la prevención, investigación y persecución de los delitos— como la formación de sus integrantes —doctrina policial, derechos humanos, criminología, cultura de la legalidad, primer respondiente, informe policial homologado, proximidad social, vinculación ciudadana, entre otras materias que integraron la formación de los próximos mandos— son de carácter civil.
En ese sentido, la propia reforma establece a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública de carácter civil, cuya responsabilidad será la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad que formule, planifique y defina la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada desde luego por un mando civil.
Además, la Secretaría de la Defensa Nacional no debe equipararse con el Ejército, pues ello es tanto como confundir una dependencia de la Administración Pública Federal con la Fuerza Armada permanente; ambas, por cierto, sujetas al mando de la persona titular del Ejecutivo Federal.
Por otra parte, es cierto que las fuerzas armadas han tenido una participación creciente en la construcción de obras de infraestructura, la administración de aduanas, puertos, o la dirección de empresas públicas, entre otras labores estratégicas del Gobierno federal. Con todo, ello no implica que nos encontremos al borde de un Estado militarista y autoritario, como lo difunde estrepitosamente la derecha.
En realidad, la oposición pretende confundir la militarización —en la que las instituciones del Estado son controladas por las fuerzas armadas, o bien utilizadas por el gobierno para reprimir los derechos civiles y políticos— con el uso racional de las fuerzas armadas en tareas estratégicas del Estado.
Aunque podemos debatir la conveniencia de utilizar al Ejército en tales labores, ni el derecho internacional de los derechos humanos, ni el derecho internacional humanitario lo prohíben. Lo que exigen es la excepcionalidad de su participación en tareas de orden público y seguridad ciudadana, el uso legítimo de la fuerza y el respeto por los derechos civiles y políticos. Lo que prohíbe el marco internacional es el uso indiscriminado e irracional de la violencia por parte de las fuerzas armadas, como ocurrió bajo el mandato de Gustavo Díaz Ordaz y de Felipe Calderón.
En definitiva, el debate en torno a la Guardia Nacional se ha politizado. Muchos han preferido explotar los temores infundados sobre la llamada militarización, en lugar de analizar con seriedad los fundamentos jurídicos de la medida. Lo cierto es que nuestra Constitución confiere a las fuerzas armadas un papel fundamental en la consolidación de la Guardia Nacional. Se trata de una apuesta firme y realista del Estado por hacer frente a la delincuencia con integridad, eficacia y disciplina. Un esfuerzo por conquistar, de una vez por todas, la paz que todas y todos anhelamos.