El lenguaje que utiliza la Constitución juega un papel fundamental en la transformación social. Sus postulados moldean nuestra cultura política, incluyendo el conjunto de significados compartidos por la comunidad sobre los compromisos, deberes y prácticas que nos exige la vida democrática.
El lenguaje constitucional impone un entendimiento colectivo sobre qué posibilidades tienen las personas, qué significan los derechos, cuáles son los límites del Estado y cuál es el papel de las y los ciudadanos en las decisiones que les afectan.
Ante todo, el lenguaje constitucional nombra lo que existe. Designa lo visible; denota lo que merece reconocimiento y dignidad. En tal sentido, el lenguaje constitucional puede mantener cierto estado de cosas a pesar de sus efectos injustos o discriminatorios —como ocurrió cuando por siglos el derecho al voto se otorgó exclusivamente a los varones—, o puede contribuir a deshacer las relaciones históricamente desiguales de poder entre hombres y mujeres.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, está claro que ha ocurrido lo segundo. Las mujeres no solo llegaron simbólicamente al peldaño más alto de nuestro país. A través de una serie de reformas contundentes en materia de igualdad de género, la Presidenta llevó a las mujeres a la Constitución.
En efecto, nunca antes en la historia de nuestro país se había impulsado el reconocimiento de las mujeres y la protección de sus derechos de forma tan eficaz en el texto constitucional. En tan solo dos meses se reconoció el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva, lo que supone que no basta con prohibir la discriminación para alcanzar la igualdad plena entre hombres y mujeres. Ahora se exigen políticas concretas para derribar las barreras que impiden a las mujeres ejercer plenamente sus derechos, a fin de que todas ellas estén en posibilidad real de elegir su destino.
Se estableció la paridad en todos los nombramientos de personas titulares en los gobiernos federal, estatal y municipal, para que más mujeres lleguen a puestos de poder. Asimismo, se incluyó el deber de adoptar mecanismos que permitan erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Estas modificaciones se vieron acompañadas de cambios esenciales en materia de seguridad y justicia. Ahora, nuestra norma fundamental reconoce el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia; el deber del Estado de brindar protección reforzada a las mujeres, adolescentes y niñas; así como la aplicación obligatoria de la perspectiva de género en la procuración de justicia y la seguridad pública.
He dicho antes que estos cambios profundos a la Constitución eran solo el comienzo. El pasado 10 de diciembre, la Presidenta respaldó una nueva iniciativa de reforma constitucional en materia de lenguaje no sexista, que ya ha sido aprobada en el Senado. Con su próxima aprobación, el texto constitucional integrará referencias como Presidenta de la República, Gobernadoras de las entidades federativas o Jefa de Gobierno de Ciudad de México.
Las reformas que ha impulsado la Presidenta no son minucias terminológicas. No son ajustes formales. Son una victoria cultural para el lenguaje de los derechos y para la igualdad de género. No se trata solo de que los aplicadores del derecho utilicen el lenguaje no sexista. Se trata de visibilizar a todas las mujeres en nuestra comunidad política; se trata de que la vida pública y democrática de México se hable y se viva en clave de igualdad sustantiva.
A partir de estos cambios, todas las mujeres y niñas de México saben que el espacio público les pertenece; que los cargos como el de Presidenta de la República y gobernadora nunca más serán espacios vedados para ellas; que las mujeres ocupan el texto constitucional con la misma relevancia que los hombres. Cada niña sabe que tiene derecho a soñar, y que cuenta con una Presidenta luchando desde la trinchera más alta para que esos anhelos se hagan realidad.