Una de las objeciones más comunes a la reforma judicial es que se formuló sin escuchar opiniones ni dialogar con los sectores que se oponen a ella. Se afirma que la propuesta es una imposición vertical desde el Ejecutivo, que se construyó sin considerar los cuestionamientos vertidos en la conversación pública; que su aprobación por la Cámara de Diputados y las Comisiones Unidas del Senado es producto de una decisión “unilateral” y “autoritaria” que se impuso a la fuerza: el resultado de una mayoría empedernida que no escucha, ni está dispuesta a dialogar.
En ese sentido, quienes critican la reforma insisten en que no garantiza que lleguen perfiles idóneos, que los candidatos serán capturados por quienes financien sus campañas, que se violan los derechos laborales de los trabajadores, que se excluye a la sociedad de la toma de decisiones, que las personas juzgadoras serán castigadas injustamente por hacer su trabajo y que se avecina una ruptura total del sistema de justicia.
Lo cierto es que estas afirmaciones solo muestran un desconocimiento profundo del dictamen aprobado por las y los legisladores, y en el peor de los casos evidencian la intención de ciertos actores políticos de distorsionar el debate para frustrar el mandato popular y mantener el statu quo.
La propuesta de reforma judicial que hoy se discutirá en el Pleno del Senado integra diversos cambios que responden a las preocupaciones vertidas en la conversación pública, y que armonizan su diseño con los estándares internacionales en materia de independencia judicial.
En efecto, para garantizar que lleguen perfiles idóneos a la función judicial, el dictamen propone obligar a los tres Poderes de la Unión a seleccionar sus postulaciones mediante un Comité de Evaluación integrado por personas de reconocido prestigio en la profesión jurídica, que funcione de forma pública, transparente, abierta y accesible.
La función del comité será evaluar las postulaciones a partir de la competencia profesional, el mérito académico y la integridad de las personas candidatas. Esta propuesta responde a las exigencias del derecho internacional en materia de independencia judicial: procesos adecuados que garanticen la integridad, idoneidad y formación jurídica de las personas juzgadoras.
En cuanto a la regulación electoral, el dictamen robustece la prohibición total del financiamiento público o privado de las campañas, y prohíbe a cualquier servidor público posicionarse a favor o en contra de un candidato. Asimismo, se prevé el derecho de las personas candidatas a participar en foros de debate organizados por el INE en los tiempos oficiales, así como en espacios organizados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad.
El dictamen también recoge el deber de respetar los derechos laborales de todas las personas trabajadoras del Poder Judicial Federal, incluyendo pensiones complementarias, apoyos médicos y demás obligaciones laborales que disponga la ley; y amplía dichas prerrogativas a las entidades federativas. Además, propone que las personas juzgadoras que estén en funciones puedan integrarse a las listas de candidaturas.
Para cumplir con los criterios internacionales en la materia, se prevé que el Tribunal de Disciplina Judicial opere de forma biinstancial, lo cual permite que sus resoluciones sean impugnadas por una instancia superior, y se modulan sus atribuciones para que no pueda destituir ministros de la Corte. Por lo demás, frente a la preocupación de una ruptura total del sistema de justicia, el dictamen propone la renovación gradual de la Judicatura mediante dos elecciones: la primera en 2025 y la segunda en 2027.
Estos son algunos de los ajustes incorporados en el dictamen que buscan equilibrar el mandato popular con las objeciones expresadas en la conversación pública. Son el fruto de múltiples foros de diálogo a nivel nacional en los que fueron escuchados ministros y ministras de la Corte, representantes de la Asociación de Magistrados y Jueces del Poder Judicial Federal, líderes sindicales, integrantes de los 32 poderes judiciales locales, especialistas, entre muchos otros interesados.
La reforma judicial no es una imposición autoritaria. Es un mandato popular que fue sometido a consideración de la gente el pasado 2 de junio, y que recibió un respaldo abrumador. La ciudadanía demandó una justicia humana, sensible, cercana, sin privilegios, y con sentido social. Hago votos por que en esta recta final se construya esa justicia diferente que tanto anhela y merece el pueblo de México.