Pocos temas han concitado en semanas recientes mayor atención pública que la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial federal. Se entiende. Lo que arrancó, el 5 de febrero, como una iniciativa del presidente López Obrador carente de las mayorías legislativas para ser aprobada, se convirtió, a pocos días del arrollador triunfo electoral del bloque gobernante, en anuncio por parte de la virtual presidenta electa sobre su aprobación segura en septiembre.
Como ha sido usual en las principales propuestas de reforma impulsadas por el gobierno actual, la discusión pública de la Reforma Judicial ha sido notoriamente asimétrica. Por el lado de la defensa, prácticamente una sola voz (la del Presidente) y, más que razones, relatos, movilización de emociones, repetición incesante y uso de mayorías para aprobarlas. Por el lado de la crítica, abundantes plumas y voces inundando los medios, las redes sociales y los coloquios con argumentos de calidad variable, pero —en general—, mejor articulados que los de los defensores.
No ha sido este un buen sexenio para las razones o para la deliberación basada en argumentos. Con pocas excepciones, los críticos del Presidente han sido mucho más activos y competentes que sus aliados o simpatizantes en desarrollar razones y argumentos. De poco, sin embargo, les ha valido. Solo cuando esos argumentos fueron empleados por los partidos de oposición con capacidad efectiva para bloquear las intenciones del gobierno o por los grupos de interés con poder suficiente para modular las propuestas del Presidente, “triunfaron” aquellas razones.
Si bien es altamente probable que con la reforma del Poder Judicial Federal ganen, como se ha hecho costumbre desde 2018, los relatos del Presidente y sus mayorías, conviene reflexionar sobre algunas de las condiciones que harían posible abrirle un espacio a las razones. Resulta importante hacerlo por el carácter refundacional de la reforma propuesta y sus potencialmente mayúsculos impactos sobre nuestra vida en común. Mayor espacio para el debate razonado resultaría útil para aquilatar los riesgos y potenciales ventajas de la propuesta, así como para imaginar un diseño que acote sus costos y, al mismo tiempo, fortalezca sus posibles beneficios.
Un espacio de diálogo razonado del tipo que propongo requeriría ajustes mayores en los dos lados de la cancha.
En la esquina de los que se oponen a la reforma resultaría indispensable reconocer la realidad política que resultó de las elecciones del 2 de junio e incorporarla a sus propuestas y sus análisis. Sería también muy útil hacerse cargo de que muchas de sus premisas centrales (por ejemplo, no hay crecimiento económico dinámico sin estado de derecho, independencia judicial, control judicial, etc.) no son válidas empíricamente para todo tiempo y contexto (piénsese en el caso de China, por no citar el caso mexicano entre los 1940s y 1960s). Sería valioso, además, dejar de asumir —desconociendo nuestra historia— que el texto de la ley es la variable única o preponderante en la arquitectura y operación de las interacciones sociales.
En la esquina de los impulsores y defensores de la reforma al Poder Judicial Federal, sería igualmente indispensable moverse. En concreto, estar dispuestos a explicitar y argumentar las razones que animan la propuesta, así como escuchar y discutir con argumentos las razones de los opositores. En especial las que tienen que ver con la importancia del derecho para ordenar la convivencia en contextos sociales muy complejos como el mexicano en la actualidad. También con los serios riesgos de terminar dinamitando el Sistema de Justicia Federal existente. De dinamitarlo, esto es, sin cuidar la transición a uno nuevo capaz de ofrecer dos resultados fundamentales. Acceso efectivo a la justicia para todos y no solo para los que pueden pagarla u obtenerla por medio de influencias o coerción directa. Y las certezas mínimas requeridas para aprovechar la ventana de oportunidad del nearshoring a fin de impulsar prosperidad compartida, es decir, inversión privada suficiente para detonar crecimiento económico dinámico, justo e incluyente.
Son muchos los temas puntuales que debieran discutirse para limitar los costos y potenciar los posibles beneficios de una reforma tan profunda, ambiciosa y arriesgada. Entre muchos otros, el universo de órganos y niveles para el que se empleará el voto popular en la designación de jueces; los criterios y procedimientos que emplearán los tres poderes para armar las listas de candidatos que se someterán a voto; y la temporalidad, escalonamiento y traslape de los mandatos de las y los nuevos jueces federales con los de otros poderes.
El bloque dominante no tiene muchos incentivos para negociar puesto que puede aprobar, por sí solo, la reforma en sus términos originales. Como ese bloque no es homogéneo y contamos con nueva virtual presidenta electa que requiere, como cualquier presidente entrante, abrirse margen de maniobra propio, existe un pequeño espacio para que las razones y los diversos intereses legítimos involucrados tengan algún juego.
Esperemos que ese espacio se aproveche y sirva para abrir y no para cerrar posibilidades de justicia y prosperidad incluyentes.