Ayer aventuré que “más pronto que tarde” se conocerían las artimañas de los poderes Ejecutivo y Legislativo para multiplicar el número de aspirantes a jueces, magistrados y ministros durante el fin de semana y ¡chin!: algo se sabe ya con la llamada que le fue interceptada a una diputada de Morena en Michoacán:
“Es urgente que se registren hoy, porque ya se cierra mañana; y que me manden los registros para yo tratar de impulsarlos”, se le escucha en la grabación difundida ayer en el noticiario de Ciro Gómez Leyva.
“Si tienes amigos que quieran ser juez federal necesito que se registren ya, ahorita, en estas plataformas, y me manden los folios para yo reenviarlas al nacional”, dice Sandra Olimpia Garibay Esquivel, representante del distrito de Apatzingán, quien admitió ya:
“Parcialmente puede ser mi voz, pero no en el momento en el que dicen que yo iba a impulsar o que me pasaran folios; eso está editado y lo hicieron para perjudicarme”, alega, porque dizque su única intención fue invitar “a los ciudadanos” a registrarse “en un proceso legítimo y transparente”.
Y en público lo ha hecho un titipuchal de servidores públicos (de la presidenta Sheinbaum y sus legisladores para abajo), como también militantes y gerifaltes de partidos, politizando con descaro un proceso cacareado ajeno a la política.
Las increíbles cifras fueron celebradas el lunes por la mandataria:
“Fue todo un éxito, algo inédito, histórico, la inscripción de personas para ser parte del Poder Judicial”.
Pero lo cierto es que el oficialismo impuso lo que en la grilla electorera llaman “operación tamal”, a la que también se prestaron los tribunales superiores de justicia de los estados morenistas para acarrear abogados al simulacro de consulta popular (dudosa “elección constitucional”), a celebrarse el primer domingo de junio próximo.
Trampas aparte, los comités de evaluación del Ejecutivo y el Legislativo vienen actuando de manera tan turbia que no garantizan la transparencia en un proceso como el que hará trizas la impartición de justicia y el sistema republicano de separación de poderes.
Su opacidad contrasta con el profesionalismo del Judicial de la Federación, que todos los días ha publicado la información con que cuenta, lo que demuestra que cuando hay voluntad la transparencia es posible porque lo contrario genera desconfianza y sospechas fundadas de parcialidad, pero vaya incógnita:
El consejo consultivo del Poder incómodo registró en total tres mil 812 aspirantes o 70.4 por ciento del imaginado en la reforma.
Y si no consiguió el mínimo de cinco mil 410 previstos, ¿escogerá entre los inscritos a los que “insaculará” en una indignante tómbola de feria, o quedará fuera de la posibilidad de candidatear pretendientes?
Porque, en la prisa por satisfacer uno más de los destructivos caprichos de López Obrador y aprobar con las patas la reforma y las leyes, sus lacayos en el Congreso no previeron tan importante, pero hilarante eventualidad…