El pasmoso desacato presidencial a la orden que una jueza de amparo dio a Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación para retirar la publicación de la reforma constitucional al Poder Judicial es resultado del desprecio crónico del oficialismo por la legalidad y de jugar a no entender la razón precisa del otorgamiento de una suspensión definitiva.
Desde el viernes pasado y esta semana, en sus mañaneras, la mandataria ha sostenido su decisión de no acatar la resolución de Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz con residencia en Coatzacoalcos, porque el artículo 61 de la Ley de Amparo dice que este derecho no aplica “contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Lo sospechoso es que tanto la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, como el ex ministro Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, respaldan el desacato esgrimiendo jerigonzas para sembrar la perversidad de que la jueza concedió un amparo contra la reforma, lo cual es absolutamente falso.
Sin que venga al caso, arguyen que Juárez Salas “no está por encima del pueblo” y amenazan con interponer ante el Consejo de la Judicatura Federal una queja en su contra.
Este jueves le plantearon a Sheinbaum:
—Ayer nos explicaba que le llegó la notificación con el QR que no llevaba a ninguna parte. Después de la conferencia, el magistrado Juan José Olvera le respondió que se dé por enterada, que existe la orden para eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. ¿Qué respondería usted…?”.
La doctora respondió preguntando también:
“¿Cómo puede hacer una solicitud (sic) que viola varias leyes? ¿Quién es la asesora de esta jueza o de este magistrado? O sea, si son los ministros de la Corte, ¡imagínense! O a lo mejor son abogados de quienes son parte de este grupo que no quiere que pase la reforma judicial, del Prian, de Claudio X. González. Que se busquen buenos abogados (…). Hoy en la mañana estaré enviando un comunicado al Congreso de la Unión para su opinión (…). Entonces yo me pregunto: ¿quiénes son los asesores…?”.
Pues los suyos (Godoy, Zaldívar y sus diputados y senadores con títulos de abogado) no le han dicho qué diablos motivó la orden judicial ni que la respuesta legal es interponer un simple recurso ante un tribunal colegiado para que resuelva si la jueza tiene o no facultades para lo que ordenó, pero jamás desacatar una suspensión judicial.
Según Sheinbaum, “lo importante para el pueblo es que su mandato está siendo respetado y que el uno de junio de 2025 vamos a elegir a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte”.
Lo penoso de todo esto es que la jueza no pretendió frenar la aplicación de la reforma.
Son los asesores de la Presidenta quienes no le dicen que el acto reclamado es el tramposo cochinero del proceso legislativo de la deplorable reforma...