Más pronto que tarde se conocerán las artimañas de los poderes Ejecutivo y Legislativo para multiplicar durante el fin de semana el número de aspirantes a jueces, magistrados y ministros. Muchos más que los inscritos en el Poder Judicial, único en que se prevén exámenes de competencia.
La demencial elección popular será un fraudulento simulacro, porque se le niega al Instituto Nacional Electoral el dinero y el tiempo que solicita para garantizar un proceso confiable.
Se pretexta que tendría que reformarse la Constitución, pero tantos cambios se le han hecho en 107 años que en menos de tres meses ha sufrido medio centenar de reformas.
De ahí la ridiculez que se arguye para no modificarla otra vez.
Ni siquiera se trataría de reescribir un artículo en su integridad: bastaría un remiendo con puntadas de unos cuantos caracteres en un triste transitorio.
Como pila de agua bendita donde todo mundo mete mano, de los 136 enunciados de la Constitución solo 17 no han sido reformados, 14 se han cambiado en más de diez ocasiones y de las 80 mil palabras originales quedan apenas mil 396.
La presidenta Claudia Sheinbaum y sus líderes diputadiles advierten, como diría Juanga, que no tienen dinero ni tiempo que dar.
En cuanto al costo, el INE solicita poco más de 13 mil millones y le responden que se ajuste cuando mucho a siete. Ajá, ¿y el ahorro para los promotores de sus candidatos a juzgadores?
Nada les importa la trascendencia de un ejercicio refundacional del Poder Judicial, uno de los tres que, según el 49 constitucional, conforman el Supremo Poder de la República.
Con su intransigencia, lo que aseguran es la realización de una elección tramposa, en el mejor de los casos equiparable a una consulta, sin el grado de calidad y certeza con que son elegidos los cargos ejecutivos y legislativos.
En referencia a la petición de prórroga, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, reprochó: “Los dos meses que se tardaron fue por omisión de continuar con el trabajo que la Constitución les ordenaba…”, desdeñando que el motivo del retraso fueron las suspensiones judiciales que el organismo acató antes de que, a consulta expresa, el Tribunal Electoral le ordenara reanudar la organización de la contienda.
Luego de que se rechazara su petición, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, con sus pares Carla Humphrey, Norma de la Cruz y Arturo Castillo, se reunieron con la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para decirle que 187 días son insuficientes ante un proceso tan engorroso como el previsto para el primer domingo de junio.
Pese a que le informaron a detalle sobre la inaudita complejidad que entrañan la capacitación, definición del mapa electoral, boletas electorales y muchos otros puntos de lo que nunca se ha intentado, la secretaria solamente escuchó que se viene un trabajo minucioso en extremo y mucho más complicado que el de las elecciones que llevaron al poder de los poderes al depredador nacionalpopulismo...