La inseguridad y la injusticia en México no se resolverá con la demencial reforma al Poder Judicial, cuyo fin pretextado por el oficialismo (suponiendo sin conceder) es acabar con “la corrupción y el nepotismo” que también infesta a los poderes Legislativo y Ejecutivo, estatales y federal, y a los casi 2 mil 500 ayuntamientos.
Centrar el problema en jueces, magistrados y ministros es no aceptar que la prevención, la persecución del delito y la impartición de justicia corresponsabiliza a instituciones de los tres órdenes de gobierno: policías, Ministerio Público, servicios periciales y forenses, defensorías de oficio y el sistema penitenciario de ilusoria “readaptación”.
Con la dinamitación de la independencia de poderes, Impunidad Cero presentó el miércoles 11 su estudio Presupuesto en combate a la impunidad 2024: ¿cuánto gasta México en seguridad y justicia? El análisis parte de la premisa “cómo y en qué gasta un gobierno refleja cuáles son las prioridades de un país”.
Aquí sus conclusiones clave:
—La principal preocupación de la población, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, es la inseguridad: 60.5 por ciento, y “podríamos sumar el orden público, el fortalecimiento del estado de derecho, la falta de castigo a los delincuentes y el narcotráfico”.
—En 2021, el gasto federal, estatal y municipal representó 2 por ciento del PIB, “lo que se sitúa cerca de los promedios internacionales”, pero cuando se analiza la comparación del gasto en dólares para el combate a la impunidad por persona México aparece sumamente rezagado: menos de la mitad de los recursos que gastan los países miembros de la OCDE. La discrepancia se explica porque México recauda menos y tiene un PIB per cápita más bajo en comparación con otros países.
—A escala federal, entre 2018 y 2022 el gasto en el combate a la impunidad se redujo 22 por ciento.
—La mayor proporción del gasto federal se destina al orden público y seguridad interior (75 por ciento), a justicia (22) y seguridad nacional (3 por ciento).
“Es importante recalcar que disminuir los niveles de violencia implica apostar por la construcción de capacidades, tanto en instituciones policiacas como en fiscalías. Para atender la crisis de inseguridad es necesario que los estados incrementen sus presupuestos en materia de seguridad pública. Reducir la impunidad en México requierefortalecer las instituciones, lo cual implica asignar recursos adecuados. Nuestro análisis muestra que aumentar la inversión en este ámbito podría mejorar los indicadores de inseguridad y de impunidad. Sin embargo, no solo se trata de gastar más, sino de mejorar la eficiencia en el uso de recursos. El presupuesto destinado al combate a la impunidad es fundamental para construir un estado de derecho sólido y reducir los niveles de impunidad en el país”.
La solidez del estado de derecho es, precisamente, lo que se vuelve gelatina con la maligna reforma que tanto entusiasma a los cuatroteros...