El juez segundo de distrito de Colima, Javier García Contreras, ha sido el primero en denunciar ante la Fiscalía General de la República a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que siguen sin acatar las suspensiones provisionales que ordenan frenar la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Esa negativa, advierte, puede constituir “la posible comisión de un delito especial”.
Según los juzgadores en resistencia contra la destructiva reforma, a título personal y en colectivo han promovido alrededor de mil 500 juicios de amparo, y unos 500 han derivado en el otorgamiento de suspensiones que no han sido respetadas.
Acompañados por la magistrada Julia María del Carmen García González, ex presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, informan que el Tribunal de Circuito de Querétaro estableció una “ampliación de los efectos” de otra suspensión provisional y promovió “un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la medida cautelar” contra la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados, el Senado, el Consejo de la Judicatura Federal y el INE.
Los inconformes están convencidos de que el Derecho los asiste para agotar los recursos legales vigentes, a riesgo inclusive de perder la lucha por echar abajo la reforma constitucional.
Entretanto, sin reglas claras para definir las candidaturas a la demencial elección popular de juzgadores, dentro de 12 días (15 de diciembre) vence el plazo para que los Tres Poderes den a conocer sus listas de aspirantes que hayan cubierto los requisitos básicos.
Aunque las expectativas eran que ante los comités de evaluación de cada Poder se apuntaran al menos cinco mil 400 aspirantes, la selección se hará entre un total de 49 mil 398, la mayoría de los cuales, sospechosa y repentinamente, se inscribió en las plataformas del Ejecutivo y el Legislativo entre el sábado y domingo 23 y 24 de noviembre, sumando 18 mil 447 el primero y 27 mil 146 el segundo, mientras que el Judicial recabó solo tres mil 805 interesados y es el único que someterá a exámenes a los postulantes.
En la conferencia matutina de antier, la magistrada Julia hizo notar:
“No hay tiempo para una evaluación seria. Si el Ejecutivo tuvo 18 mil inscritos —no sabemos cuántos duplicados—, tendrían que estar evaluando a mil 384 personas todos los días, incluidos sábados y domingos”.
Hablé con ella y me dijo:
“La ley no permite que lo hagan por conducto de otras personas. Hay ocasiones en que la propia ley da esa posibilidad, pero lo dice expresamente tratándose de las autoridades”.
De ser así, vaya ilegalidad que cometerán los evaluadores del Ejecutivo: magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, presidenta de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala; el doctor en Derecho Javier Quijano Baz; la maestra en Derecho Vanessa Romero Rocha; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, y el ex ministro de la Suprema Corte Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea...