La reunión de ayer de los titulares del Poder Judicial de la Federación y la Mesa Directiva del Senado, más la secretaria general de la presidencia de la Suprema Corte y los líderes parlamentarios de Morena (Norma Lucía Piña Hernández, Gerardo Fernández Noroña, Natalia Reyes Heroles, Adán Augusto López e Ignacio Mier), abre una rendija para que la destructiva reforma constitucional que los tiene enfrentados se aplique con efectos menos demoledores que los derivados de la cerrazón antes de que se aprobara el vengativo capricho del predecesor de Claudia Sheinbaum.
El día anterior, el constitucionalista Diego Valadés había recordado que durante el priato “se escuchaba a las fuerzas discrepantes y todas las reformas en materia electoral fueron acordadas. Esta es la primera sin acuerdos, resultado de una imposición mayoritaria e incorrecta”.
Y llamó a “poner fin a la intransigencia e iniciar la búsqueda de un encuentro civilizado para que, aunque no se pongan de acuerdo, cuando menos conversen…”.
Coautor —con Héctor Fix Fierro— de Constitución ordenada (libro en que se reagrupan de manera lógica, se eliminan repeticiones y corrigen contradicciones en algo más de 250 decretos de reforma y modificaciones a unos 800 artículos de la Carta Magna), Valadés y su colega Miguel Carbonel conversaron el lunes con Carmen Aristegui sobre la crisis constitucional que está viviéndose.
Miguel hizo notar la gravedad de que el gobierno y el Congreso estén desacatando “70 resoluciones judiciales” contra la reforma, y celebró el “atinado y pertinente” llamado al diálogo de Diego, “el más reconocido constitucionalista de América Latina”.
El ex procurador general de la República y ex ministro de la Corte dijo que se impone una reforma a la reforma, tarea que se puede aprovechar para incorporar sensatas opiniones de quienes no fueron escuchados antes de que se aprobaran las dinamiteras iniciativas.
Platiqué con él y entendí mejor lo de reformar la reforma:
Con fecha 30 de septiembre de 2024, en la página oficial de la Cámara de Diputados puede leerse el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo tercer párrafo del artículo 94 aparece la forma en que se elegirá a quien encabece al máximo tribunal: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno. Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”.
O sea que el “voto popular” que los futuros ministros y ministras obtengan en las urnas determinará cada dos años la presidencia de la Corte.
Sin embargo, el quinto párrafo de la fracción V del artículo 97 mandata otra cosa:
“Cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte…”.
¿Por fin?
Gran hallazgo del irreprochable Diego Valadés y gran oportunidad para paliar la reforma…