Ayer en la Cámara de Diputados se discutió —no se rían, ya sé que ya no discuten— la iniciativa que Morena y sus aliados votarán porque así lo manda el jefe y algunos de oposición también lo harán porque les encanta la idea, que pondrá a la Guardia Nacional en manos de la Secretaría de la Defensa.
Si había dudas por el número de votos en el Senado para la reforma judicial, creo que aquí no habrá ninguna. Todos los partidos que nos han gobernado babean frente a los militares. Aunque cabe decir que los de antes al menos guardaban un poco de compostura y hasta alguna fricción hubo —alguna, leve, pero hubo—.
El presidente López Obrador no tuvo ninguna. Se entregó a sus brazos. Y sí, las obras, y la Guardia, y el presupuesto, y la defensa de Cienfuegos y más poder.
Pero nada es tan significativo como Ayotzinapa. La más importante promesa no cumplida del Presidente es la resolución del caso. ¿Por qué? Por la cerrazón de los militares.
Veo el documental producido por HBO/Max sobre el caso. Un buen resumen del laberinto que ha sido la tragedia de Iguala. Pero resalto hoy una cosa: los abogados de los militares que han sido sometidos a proceso hablan en el documental, pero sobre todo amenazan a Alejandro Encinas. Sin pudor.
A Alejandro Encinas, compañero del Presidente de toda la vida. Miembro del movimiento que nos gobierna contra el que ya han levantado denuncia.
Así lo explicó el ex subsecretario de Gobernación:
“En primer lugar, no hay precedente, en ningún gobierno democrático, de que un mayor de justicia militar interrogue a un civil que encabezó los trabajos de una Comisión de la Verdad.
“Como tampoco lo hay en que una dependencia del Ejecutivo federal, como lo es la Fiscalía General de Justicia Militar, ejerza acciones en contra del titular de otra institución del mismo Poder Ejecutivo, como lo es la Comisión Presidencial por la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, como sucedió en mi caso, pues durante la audiencia, a pregunta expresa de la jueza Duarte Cedillo, el mayor de Justicia Militar, Jorge Alfredo Rico Pérez, declaró haber iniciado una demanda en mi contra en la Fiscalía General de la República cuando estaba aún en funciones como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, lo que evidenció que el propósito de la promoción de esa audiencia era buscar mi autoincriminación”.
Y sí, sobre Gertz el Presidente puede actuar y no lo arrestarán… pero ¿y hasta cuándo?
Anden, voten legisladores.