Tal y como lo anticipamos en este mismo espacio tan solo unos meses después de que Dina Boluarte asumiera de forma ilegítima la presidencia de Perú, llegó ese día en el que los partidos que la “apoyaban” le soltaron la mano porque dejó de serles útil. Justamente, porque ella no gobernaba, pudo permanecer tantos meses “en cabeza” del Ejecutivo.
Ese mismo sistema económico corrupto en Perú que atornilló a la silla presidencial a una mujer sin experiencia, altamente impopular, señalada de atentar contra su propio pueblo, de corrupción, de autoritarismo, es el que hoy decide que es momento de que abandone la presidencia.
La presidenta que mintió cuando dijo que convocaría a elecciones hasta seis meses después de iniciado su interinato, ha sido protagonista de numerosos escándalos que muestran su talante de politiquera, como el Rolexgate; las transferencias millonarias a personas vinculadas con casos de corrupción en el Gobierno Regional de Ayacucho; el abandono de su cargo para realizarse cirugías plásticas; y las más de 70 muertes por las represiones a su propio pueblo durante las manifestaciones en su contra, y las cuales permanecen impunes.
Ahora, en medio de un estado de emergencia en Lima y Callao, y ante especulaciones sobre una próxima moción de vacancia en su contra, Dina Boluarte anunció la realización de elecciones presidenciales y legislativas el 12 de abril de 2026. La elección presidencial se definirá en dos vueltas si ningún candidato o candidata supera el 50% de los votos en la primera. Para el nuevo Congreso, las y los peruanos volverán a votar por un legislativo bicameral, con diputados y senadores, después de más de tres décadas con un sistema unicameral. Reforma que fue promulgada por el actual parlamento, pese a que el 90,5% del pueblo peruano le dijo no en el referéndum de 2018.
Justamente por ello, existe un interés de parte del Legislativo, sostenido en la corrupción y el clientelismo, porque su aprobación no supera el 5%, sobre tomar facultades del Ejecutivo y así moldear el futuro proceso electoral a su antojo y conveniencia, de cara a las elecciones de 2026.
La presidenta peor valorada del continente, ha enfrentado, hasta la fecha, al menos cinco mociones de vacancia en el Congreso, todas rechazadas; uno de los métodos más frecuentes para remover a un mandatario en Perú en un país que en los últimos 24 años ha tenido 11 presidentes. Se trata de dos poderes profundamente impopulares, el Ejecutivo y el Legislativo, que se resguardan mutuamente para sobrevivir, sin importar su altísima impopularidad y en una relación casi parasitaria.
El destino de Dina Boluarte parece estar echado, pero no por un repentino acto de justicia o un despertar democrático, sino porque su permanencia ya no es útil para los intereses de quienes realmente ostentan el poder en Perú. Su salida no representa una transformación, sino una rotación más dentro de un sistema podrido que perpetúa la impunidad, el saqueo y la exclusión del pueblo en la toma de decisiones.
La crisis política peruana no se resolverá con una nueva elección orquestada por las y los mismos actores que han convertido al país en un experimento fallido de democracia. Mientras el Congreso y los grupos de poder sigan diseñando las reglas a su conveniencia, lo único seguro es que el próximo gobierno será tan débil, corrupto y dependiente como los anteriores. En Perú, la estabilidad política es un espejismo y la corrupción y el autoritarismo parecen ser la única constante.