En columnas anteriores he cuestionado la credibilidad de la amenaza arancelaria del presidente electo de EU, Donald Trump. Básicamente, los costos de una política como esa son mucho más altos que los beneficios esperables. En la misma lógica, su propuesta de ejecutar una deportación masiva de entre 15 y 20 millones de inmigrantes indocumentados resulta, en los hechos, impagable.
Aunque el dato exacto es desconocido por obvias razones, organizaciones como el Pew Research Center estiman que el total de inmigrantes indocumentados en EU es de alrededor de 11 millones de personas. Estos trabajadores representan 4.8 por ciento de la fuerza laboral de aquel país y son esenciales en industrias como la agricultura, la construcción y la hostelería. Su eliminación causaría una escasez de mano de obra difícil de reemplazar, reduciendo la producción y aumentando los precios para los consumidores.
Para ponerle números, el Instituto Peterson de Economía Internacional estima que la deportación de entre 1.3 y 8.3 millones de inmigrantes indocumentados reduciría el producto interno bruto (PIB) real de Estados Unidos entre 1.2 y 7.4 por ciento para 2028. De la misma forma, un estudio de 2023 reveló que, por cada millón de trabajadores indocumentados deportados, 88 mil trabajadores nacidos en EU pierden sus empleos. Esto sugiere que una deportación masiva, como la anunciada por Trump, podría llevar a casi un millón de ciudadanos estadunidenses a perder sus trabajos.
Además, las deportaciones en sí mismas tendrían impactos fiscales relevantes, pues implicarían un altísimo gasto gubernamental. De acuerdo con el American Action Forum, identificar, detener, transportar, procesar, retener y finalmente expulsar a un migrante indocumentado tiene un costo de 24 mil 92 dólares. Deportar a los 11 millones de migrantes costaría aproximadamente 265 mil millones de dólares, lo que equivale a 0.9 por ciento del PIB.
Así, independientemente de posturas políticas, la realidad es que la respuesta económica al fenómeno migratorio pasa poco por la represión y mucho por un programa de absorción formal de la fuerza de trabajo indocumentada, por un lado, y la atención a las causas de la migración desde su origen, por otro. Esto último, la atención a causas tales como la exclusión, la pobreza y la violencia a partir de una política vigorosa de desarrollo social y justicia, es lo que la presidenta Sheinbaum ha venido impulsando y lo que, en última instancia, podría aportar una solución definitiva a un problema en que no se quieren ver ni los países expulsores, ni los receptores, ni, principalmente, las propias poblaciones migrantes que no tienen otra aspiración que un mejor nivel de vida.
Alfa positivo. Según datos del Inegi, a tasa anual y con series desestacionalizadas, el consumo privado creció 1.7 por ciento en septiembre de este año. El consumo de duraderos y semiduraderos está aumentando a tasas anuales con cifras originales de hasta 13.3 por ciento en algunos componentes.