Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados prevé discutir esta misma semana las propuestas que las bancadas de PAN, PRI y MC pusieron sobre la mesa para crear una comisión especial en materia de desaparición y búsqueda de personas, aunque el líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, desestimó de entrada esas iniciativas por considerar que las comisiones ordinarias de Justicia o de Derechos Humanos, ambas presididas por la 4T, pueden dar seguimiento confiable al tema sin necesidad de “ayudas”.
Que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz, cuenta con más indicios que hacen suponer que el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, era más un campo de entrenamiento que de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, no minimiza que en dicho lugar se cometieron algunas ejecuciones, pero advierte que no se puede comparar lo encontrado ahí con casos como el de San Fernando, Tamaulipas, donde Los Zetas dejaron fosas clandestinas con decenas de cuerpos.
Que las consejeras Dania Ravel y Carla Humphrey llevaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral sus denuncias por violencia política de género contra Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Zacatecas. El funcionario ha dicho, entre otras lindezas, que “no pueden tener más información” que él o que padecen “debilidad mental”, refiriéndose a los debates en los que participan las funcionarias. Veremos si el organismo juzgador se pone los lentes violetas o se hace de la vista gorda.
Que el equipo de Graciela Márquez en el Inegi ya comenzó a sentir la carga de trabajo que representa medir por primera vez la pobreza en el país, una tarea que antes realizaba el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Se sabe que los encargados de estas proyecciones ya trabajan en el desarrollo estadístico para calcular esos indicadores, aunque trabajan sudando la gota gorda porque deben tener listos esos resultados en agosto o septiembre de este año. ¡Ánimo!