El nuevo gobierno ha hecho un compromiso sustantivo en materia de energías renovables. Para el año 2030 deberán ser el 45% de la producción de energía en general.
El compromiso supone un vuelco en las prioridades energéticas respecto del gobierno anterior, que apostó sobre todo a energías fósiles.
La realidad de un mercado que tiene de moda a las no renovables y el estancamiento de la producción petrolera de México han hecho al gobierno volver al camino que definió la reforma energética del gobierno de Peña Nieto.
En la Ley de Transición Energética de 2015 se previó una participación de energías renovables del 25% para el año 2018, del 30% para 2021 y del 35% para 2024.
La meta de 2018 no se alcanzó pero quedó cerca, con un 22%. Entre 2018 y 2024 la producción creció sólo 2%. En 2024 el total de renovables es sólo el 24%.
Lo que propone el nuevo gobierno es dar un gran salto hacia adelante: duplicar en seis años las energías renovables.
Supongo que habrá un cálculo de la inversión requerida para ello y que será muy alta, pero supongo también que habrá apetito por invertir en un tipo de energía bienvenido, hasta exigido, por el mercado.
Así lo demostró la política de energías renovables del gobierno de Peña Nieto, que atrajo inversiones hasta por 54 mil millones de dólares.
Los números se vinieron abajo en los siguientes seis años, llegando sólo a 13 mil millones, porque el gobierno no quería, incluso frenó inversiones en ese ámbito.
Ahora el nuevo gobierno vuelve a tener interés en el asunto y se compromete en grande, pero pone un límite implícito a la inversión que aceptará.
Ese límite es la regla de que la CFE deberá producir el 56% de la energía eléctrica y los inversionistas privados el 44%.
La pregunta entonces no es cuántos inversionistas hay listos para invertir en el mercado, sino cuánto podrá invertir CFE.
No sé si es buena idea poner al país a caminar al ritmo de la CFE, que viene de un sexenio de pérdidas multimillonarias.