No es ficción, aunque parece. En el estado de Puebla tres hermanos de apellido González Vieyra tenían bajo su control 399 millones 970 mil 993 pesos contemplados en las leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025 de los municipios Chalchicomula de Sesma, San Nicolás Buenos Aires y Tlachichuca.
Del total de recursos Uruviel González Vieyra, alcalde de Chalchicomula de Sesma o Ciudad Serdán, ejercía 202 millones 440 mil 484 pesos; Giovanni González Vieyra, presidente municipal de Tlachichuca, 142 millones 484 mil 509 pesos y Ramiro González Vieyra, alcalde de San Nicolás Buenos Aires, controlaba 55 millones 046 mil pesos.
¡Ay!, ellos, tan socorridos por la Fortuna y queridos por los votantes han gobernado Tlachichuca desde 1999, San Nicolás Buenos Aires y Chalchicomula desde desde 2021. Así que ante tanta querencia, complacencia y complicidad las irregularidades por alrededor de 12 millones de pesos que detectó la Auditoría Superior del Estado a Uruviel y Giovanni pueden parecer cosa de nada ante los millones que ambos estaban acostumbrados a controlar a contentillo.
¿Qué podría salir mal si los tres resultaron ganadores en las elecciones de 2024? En algún momento de los últimos seis meses, cuentan los que saben, intentaron hacer valer su poder local. Ese que, se sabe, ejercen los caciques para impedir que algo se mueva sin que ellos lo autoricen. Hoy día los dos primeros están detenidos por su supuesta responsabilidad en el robo a transportistas, posesión ilegal de armas y tráfico de animales exóticos. El tercero, Ramiro González Vieyra, el de menor presupuesto, está prófugo de la justicia.
Al margen
Este mes vence el plazo para que Puebla armonice su Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado con la reforma federal que a finales de 2024 impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa que ya fue presentada por el gobernador Alejandro Armenta Mier a la Cámara local de diputados tiene preceptos cuestionables y crea una norma que vincula hasta el tuétano la función administrativa con la jurisdiccional.
Prevé que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa permanezcan en su cargo 15 años improrrogables. Suena bonito, pero… cinco lustros implican que un gobernador se blinde todo el sexenio siguiente y con ello se pasa por alto que sentido común y racionalidad también deben enmarcarse como principios en la emisión de justicia.