La reforma judicial en curso está teniendo un elevado costo político (interno y externo) y lejos está de ser la solución a todos los problemas que presenta la impartición de justicia en nuestro país. Si no incluye a las Fiscalías, ni a los tribunales de justicia administrativa, agrarios y laborales, es porque los tres son entes autónomos; y, si no plantea incrementar el número de juzgadores en nuestro país, es porque aún no existe certeza de que los incrementos presupuestales al Poder Judicial no se destinarán a elevar sus percepciones y privilegios, así como los recursos de los fideicomisos que tienen para esos fines.
La independencia del Poder Judicial se sigue repitiendo más como slogan político, que como argumento constitucional y politológico que se pueda defender con razones. Confunden, o fingen confundir, independencia del Poder con independencia de la función jurisdiccional. Les cuesta trabajo entender que en y entre los poderes deben existir controles interórganos e intraórganos y que no puede haber poderes independientes. Conciben cualquier intento de control a dicho poder (como los que existen con el Ejecutivo y el Legislativo) como atentado a la democracia y a la división de poderes, cuando más bien la ausencia de control sobre el Poder Judicial es el atentado a la democracia y al Estado Constitucional de derecho.
Esto, los ha llevado a incurrir en dos tipos de abusos y excesos: 1. Los Legislativos y Constitucionales: otorgar suspensiones con efectos generales en amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, violando la Constitución; ser juez y parte en su propia causa; y ordenarle al Congreso de la Unión cómo debe realizar su trabajo, cuando a ellos nadie les puede decir nada por tener sin dictaminar por años expedientes de adeudos fiscales; y 2. Los administrativos y laborales: remuneraciones obscenas, que en el caso de los ministros de la Corte superan los cinco millones 500 mil pesos; y abusivas prestaciones para sus trabajadores, legalizadas en sus Condiciones Generales de trabajo, como lo son, el pago de un mes adicional en abril, agosto y noviembre; seguro de gastos médicos mayores para el trabajador, cónyuge e hijos; ayuda para la cena de fin de año; seguro de vida de 40 meses del sueldo básico; vestuario, anteojos y uniformes deportivos, etcétera. Para defender eso cualquiera hace un paro ilegal autorizado por sus autoridades.
Seguramente la reforma judicial no va a resolver los problemas de la impartición de justicia en nuestro país, pero si los abusos y excesos del Poder Judicial.