Esta semana habrá una sesión en el Senado que puede parecer secundaria, considerando las trascendentes reformas que están en discusión, pero será políticamente muy significativa. La Cámara alta debe elegir a la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que está en juego no es solo el nombre que saldrá seleccionado de las tres candidatas en pugna. Es, sobre todo, el criterio que habrá de imponerse entre lo que se supone es una herencia lopezobradorista (y significaría reelegir a la actual titular, Rosario Piedra Ibarra) o buscar una mejoría en el desempeño de la CNDH, fuertemente criticada a lo largo del sexenio anterior.
En principio no tendría que haber ninguna polémica en este relevo. Incluso dentro de las filas de la 4T se entiende que se trata de un puesto que le quedó grande a la hija de la legendaria luchadora en favor de los desaparecidos, Rosario Ibarra de Piedra. En su momento parecía una buena decisión de parte del presidente López Obrador la elección de Rosario hija para el quinquenio 2019-2024. Había acompañado a su madre en un buen tramo de la larga cruzada y ella misma era hermana de un desaparecido. Luego de tantos funcionarios y presuntos profesionales de los derechos humanos, era encomiable la designación de un familiar de las víctimas y protagonista de esta lucha.
Por desgracia el resultado fue decepcionante. No se trata de cargarle las tintas a la actual titular, pero resultó notorio el desplome en la actividad y eficiencia de la CNDH. En parte debido quizá a una falta de habilidades políticas y administrativas de Piedra, en parte también al hecho de que, todo indica, entendió las tareas como parte del entramado institucional del gobierno, en detrimento de su compromiso con las causas de ciudadanos y grupos sociales. Algunos abusos administrativos, de los cargos directivos que llegaron con ella, tampoco ayudaron a generar la mejor de las imágenes.
Lo cierto es que al terminar su período ella ha vuelto a presentarse (la ley permite la reelección por un segundo quinquenio), pero también lo hicieron diversas figuras de larga trayectoria y méritos a la vista. Finalmente, tras la valoración de los precandidatos, las comisiones del Senado encargadas del asunto ofrecieron una terna de finalistas: Paulina Hernández Díz, abogada de Jalisco con experiencia en instituciones regionales de derechos humanos y Nashieli Ramírez, actual titular de la institución en versión local en la capital, además de la propia Rosario Piedra.
Pero este dictamen preliminar ya generó una fuerte polémica, porque en las comisiones calificadoras participaron varios miembros de la oposición que se encargaron de filtrar un dato vergonzoso. Entre los quince precandidatos evaluados (de un total de 47 iniciales), Piedra había recibido la calificación más baja. Su presencia en la lista definitiva resultaba explicable solo por otros motivos: “búsqueda de consensos políticos” dentro de Morena fue la razón ofrecida. El presidente de la comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que se incorporó a Piedra por la petición expresa de 22 de los 30 legisladores del partido oficial que participaron en estos procesos.
Algunas columnas políticas han querido ver este desenlace como un pulso entre tres corrientes: Paulina Hernández sería una candidata supuestamente favorecida por uno de los líderes de Morena. A Nashieli Ramírez se le asocia con Palacio Nacional por el mero hecho de que su experiencia procede de la Ciudad de México. Por su parte, Rosario Piedra sería respaldada por los duros del obradorismo. Pero dejarlo en esos términos es reducirlo a una grilla de facciones.
El tema me parece mucho más trascendente, porque en el caso de las dos primeras candidatas su inclusión en la terna final responde a su excelente desempeño en el proceso de selección y evaluación diseñado por los senadores. Pero no es el caso de la tercera y por eso es que en realidad se trata de otra cosa.
La supervivencia de Piedra en el proceso de selección responde a una consideración que pone entredicho la imagen de Morena. De hecho, la segunda mejor calificada en el proceso de evaluación, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia, hija también de un desaparecido en la “guerra sucia”, fue sacrificada para darle cabida a Rosario.
Así pues, lo que está en juego no son meras disputas entre corrientes sino la definición de un principio fundamental: ¿actuará Morena en función de criterios facciosos y doctrinarios o de lo que en realidad conviene al proceso de transformación con el que se ha comprometido? ¿Será la lealtad incondicional lo que primará o la competencia y la responsabilidad profesional?
En el fondo lo que vaya a resultar ofrece atisbos de lo que podremos esperar del Poder Legislativo o, mejor dicho, de la manera en que Morena quiera utilizar su mayoría. Algunos legisladores, supongo, asumen que rechazar a Rosario Piedra es una especie de desacato a la voluntad de López Obrador, quien la puso allí. Dudo que el ex presidente haya enviado alguna señal indicando su parecer en esta materia, pero eso no es una objeción para los más papistas que el papa. Para ellos lo importante no es que sirva o no sirva, sino su abnegación al gobierno de la 4T. Esperemos que se den por bien servidos con su inclusión arbitraria en la terna finalista.
Y, por lo demás, en caso de una imposición el daño no solo se infligiría a la CNDH. Claudia Sheinbaum ha propuesto una reforma para evitar la reelección en una buena parte de los cargos públicos y, por otra, para que hijos y cónyuges estén impedidos de heredar el puesto de su padre o de su pareja. Piedra no heredó la titularidad de la CNDH de su madre, pero es evidente que lo recibió esencialmente por los méritos de su progenitora. Por no hablar del agravio que representaría una reelección en momentos en que se predica lo contrario.
Estamos, pues, a punto de recibir una señal de qué tipo de Senado podemos esperar para el resto del sexenio.