Desde hace años se ha discutido en distintos foros sobre la inequidad en cuanto al acceso libre al espacio público. En ocasiones cada vez más frecuentes, el gobierno de la Ciudad de México cede temporalmente el uso de avenidas y parques para la instalación de ferias, mercados o la organización de eventos deportivos con fines comerciales. Estas concesiones son legales y en apariencia no causan daños al interés público, sin embargo, provocan situaciones que en ocasiones marginan incluso a las comunidades que habitan en las zonas donde se llevan a cabo los eventos.
En principio, quienes circulan en automóvil son obligados a desviar sus rutas y emplean mucho tiempo adicional en llegar a sus destinos. Además los vecinos de las zonas ocupadas por las organizaciones beneficiadas no son tomados en cuenta y se afecta la tranquilidad y libertad de movimiento a los que tienen derecho.
Las políticas estatales aparentan ser inclusivas por una parte, aludiendo a la libertad de expresión y al acceso de todos los habitantes al espacio público, pero por la otra parte, restringen las posibilidades de ocupación a dichos espacios a favor de quienes lucran con sus usos temporales. De hecho, la ocupación del mismo espacio para protestas y manifestaciones populares responde también al control que el gobierno ejerce sobre los grupos que lo utilizan para fines sociales. No cualquier grupo puede protestar libremente, debe pedir permiso o alertar a las autoridades para no ser reprimido por la policía.
El modo capitalista contemporáneo de concebir la separación entre lo público y lo privado ha ido limitando los ámbitos de los ciudadanos, que han pasado a ser objeto exclusivo de las campañas políticas y comerciales.
Tangente
En inglés hay un término que se utiliza para designar a los espacios privados abiertos al público, los denominados POPS (Privately owned public spaces) son todos aquellos atrios, vestíbulos, pasillos y jardines que, siendo de propiedad privada, permiten el tránsito libre de las personas.