El día 23 de agosto de 2024, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma constitucional que extingue a los organismos autónomos garantes de los derechos humanos, de transparencia y protección de datos personales pero también la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica.
Todos ellos debo decir aún organismos perfectibles, sin duda, pues falta la aprobación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos de cuando menos dos terceras partes de las entidades federativas para que se cristalice el deseo anhelado del Presidente de mandar al “diablo las instituciones” frase acuñada luego del triunfo de Felipe Calderón frente a sus aspiraciones presidenciales allá por el año 2006, en donde ni el INE, entonces IFE, ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cedieron a las presiones del entonces candidato del PRD a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador.
Las reformas promovidas por el jefe del Ejecutivo no provienen de una idea “transformadora” del país, no… provienen, sin duda, desde lo más profundo de su ira en contra de aquellos ciudadanos y organismos que representan un estorbo para su libre actuar y el del gobierno.
Evidentemente esta semana será la de estar en el ojo del huracán, pues el dictamen no será analizado por esta legislatura en la que no cuenta con la mayoría calificada y estamos a un paso de saber si la actual administración federal va a extender sus tentáculos a la de la primera mujer Presidenta de México con la decisión que tome la siguiente legislatura frente a esta reforma, pues si se mantiene en suspenso pese a los designios de López Obrador habrá una esperanza de cambio de rumbo.
De lo contrario será promesa cumplida se irán “al diablo las instituciones”.