La palabra “ciudadanía”, es decir, la cualidad de ciudadano, constituye la expresión política de la dignidad humana que la sustenta como realidad más profunda. Dado que el ser humano posee una dignidad, entonces la comunidad política, formada por personas, ha de reconocer y determinar cómo esa dignidad se integre en ella y participe del bien común, tanto en orden a su propio perfeccionamiento como en orden a la contribución al mismo.
La ciudadanía, y por lo tanto la existencia de los ciudadanos, no significa que se esfumen o desaparezcan las estructuras de toda comunidad que posee un orden, por ejemplo, que desaparezcan los gobernantes. La ciudadanía y el gobierno no son elementos contradictorios sino complementarios que, lógicamente, guardan entre sí relaciones que, aunque debido a las limitaciones de la naturaleza humana pueden ser deformadas e injustas de muchas maneras, deberían más bien contribuir a una vida mejor.
Sin negar las desigualdades naturales, la ciudadanía supone una igualdad civil que significa que frente al Estado, cada ciudadano tiene el derecho de vivir honradamente su propia vida personal en condiciones justas. Esto implica que todos los ciudadanos y no solamente algunos privilegiados puedan hacer uso de sus derechos.
La ciudadanía hace referencia a una tarea común y a una integración adecuada y respetuosa de quienes forman la comunidad. La tarea colectiva se apoya en los esfuerzos individuales en tiempos y lugares determinados. De ahí que pueda decirse que el verdadero desarrollo político se da conjuntamente con el desarrollo de la ciudadanía según el uso responsable de la libertad en el marco de la justicia.
Suele hablarse de los deberes y los derechos de los ciudadanos. Ellos derivan de la vinculación intrínseca entre ciudadanía y bien común. Precisamente, el primer deber del ciudadano es la colaboración al bien común en la medida de sus posibilidades, que se complementa con la contribución propia de las autoridades. Otro deber importante lo constituye el de la obediencia a las leyes y a las justas disposiciones de las autoridades. En lo que toca a los derechos primeramente ha de mencionarse la necesidad de que el Estado respete la dignidad, la vida y la igualdad jurídica de los ciudadanos, lo que visto desde el punto de vista de lo que las autoridades deben evitar significa que un gobierno no debe atentar contra la vida ni contra la integridad de las personas, no debe ofender la dignidad ni degradar a las personas por ningún motivo.