Está la insistencia de López Obrador y de su señora en que la corona española pida perdón por las atrocidades cometidas durante la Conquista y está la iniciativa del ex canciller Marcelo Ebrard de demandar a las principales armadoras gringas por facilitar y fomentar el tráfico de armas hacia los cárteles mexicanos. Ninguno de los reclamos tiene grandes posibilidades de llegar a puerto, pero hay diferencias sustanciales entre ambos: ya vimos el daño gratuito que el reduccionismo histórico del ex presidente nos ha acarreado en la relación con España, uno de nuestros aliados más añejos y cercanos. El de López Obrador, como tantos otros que caracterizaron su sexenio, fue un flamazo vacuo y autocomplaciente, como cuando un simio se golpea el pecho para que se apantallen los ratones. La querella al norte del Bravo, se gane o se pierda, pone énfasis en la naturaleza transfronteriza del cáncer que es el narcotráfico, y todo sin hacer mella en la compleja y delicada relación entre los vecinos distantes.
La demanda fue recibida en 2021 y pronto fue desestimada en razón de las históricas protecciones de las que gozan las armadoras, avatares históricos del alma gringa. El nudo legal radica en que es dificilísimo probar dolo en la venta de un producto que, dependiendo de la intención del usuario, puede servir tanto para defender la ley —digamos, en las manos de un policía o de un ciudadano responsable— como para delinquir y matar en las manos de un criminal. En su apelación México alegó, exitosamente, que el flujo de armas desde las compañías en cuestión hacia los cárteles mexicanos no es accidental, sino que se debe a acciones causales, deliberadas y conscientes de éstas con la intención última de lucrar. En los ires y venires del proceso seis fabricantes inicialmente señalados fueron excusados, quedando para responder solamente Smith and Wesson y la distribuidora Interstate Arms. Este pasado viernes el caso fue admitido a discusión ante la Suprema Corte, que ayer reanudó sus sesiones y que tendrá la última palabra respecto a si procede un juicio en forma o si el caso de México se desestima de manera definitiva.
Es altamente probable que el asunto muera allí. Pero no podemos olvidar un precedente similar, uno que parecía igualmente inviable: hace casi exactamente cuatro años, ante un alud de demandas civiles y penales, la compañía Purdue Pharma, productora del popular analgésico OxyContin, se declaró en quiebra primero y culpable después por haber causado la muerte de posiblemente más de 100 mil personas al empujar el uso indiscriminado de sus opiáceos mediante sobornos y componendas a reguladoras y a médicos mientras minimizaba el potencial adictivo del medicamento. En total Purdue debió pagar más de 8 mil millones de dólares en compensaciones, más multas. La compañía tuvo que cambiar de marca, y el nombre de sus filantrópicos dueños, la hasta entonces estimada e intocable familia Sackler, fue bajado a martillazos de las paredes y muros de los museos y centros culturales más connotados del país. Pronto veremos si los aluxes nos hacen un milagrito similar.