“Si quieres a tu hijo agarra el dinero y lárguense porque los voy a trosar (sic) maldita, solo tienes este día y piénsalo dos veces antes de ir de chismosa”, decía el mensaje que entró al celular de Laura Kabata.
Ella estaba en ese momento afuera de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exigiendo justicia para su hijo Oscar Kabata, quien fue secuestrado y torturado por militares en Ciudad Juárez hace 11 años en el Operativo Conjunto Chihuahua.
He escrito en este espacio acerca de este caso, en el que la víctima, Óscar, alcanzó a reconocer el rostro del general Felipe de Jesús Espitia, quien en la presente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador terminó de consolidar su impunidad y fue retirado con 75 mil pesos mensuales sin investigación alguna.
Al joven, de apenas 17 años en su momento, el general personalmente, en su momento, solo le ofreció disculpas tras la tortura, violación y secuestro, ya que se dio cuenta que no tenía nada que ver con un grupo de la delincuencia organizada.
La rabia y la indignación creció con el paso de los años, afortunadamente, y tanto él como su madre y familiares han tenido el valor de enfrentarse a las autoridades para exigir no solo una indemnización justa, sino que se investigue y procese a los responsables de las vejaciones que marcaron la vida de Oscar para siempre.
Desde inicios de este año, Laura decidió emprender varios plantones frente a las instancias de gobierno involucradas en el caso de su hijo. Hasta el momento la cantidad que le ofrecieron por restituir el daño es la penosa suma de 700 mil pesos, tras más de una década de terapias, heridas psicológicas, incapacidad para trabajar, entre otras consecuencias de las que es responsable el Estado Mexicano. Y sobre la investigación y juicio al general señalado: nada.
El gobierno federal ofreció a la víctima la Beca Benito Juárez de poco más de 2 mil pesos mensuales. Con eso, la administración mexicana supone que el joven puede reparar su proyecto de vida, que en su momento era estudiar en Estados Unidos, prepararse para ser piloto aviador, padre de familia…. pero tras de lo sucedido no ha logrado tener una vida normal. ¿Quién pudiera tenerla después de vivir una violación tumultuaria, golpes, amenazas y presenciar el asesinato de su mejor amigo en manos de militares?
Desgraciadamente en este país, cuando parece que las cosas no pueden ir peor algo nuevo ocurre que hace casi inverosímil la narrativa de una historia: en estos días de protesta, el lunes pasado, Laura recibió ese mensaje amenazante en su celular. ¿Quién más, sino alguien relacionado al Estado Mexicano, pudo haberlo enviado? ¿O quizás algún interesado o interesada en que se deje el tema y no se indague al general Espitia? De igual manera no hay forma que el remitente de ese mensaje no esté relacionado al gobierno. ¿Quién más tendría interés de amedrentarla?
Después de la frase con la que abro este espacio le escribieron “Te voy a matar” y a continuación le enlistaron los nombres de sus familiares. Laura denunció la amenaza, pero ¿qué ocurrió? Nada.
Es difícil creer que una democracia y estado de derecho sean reales mientras víctimas de casos emblemáticos y conocidos como éste sigan siendo amenazadas sin que sean protegidas por el gobierno. Es difícil creer que exista una intención real de parte de autoridades federales para proteger los derechos humanos y salvaguardar a las personas vulnerables si quienes son lastimados continúan expuestos aún cuando tienen el valor de señalar públicamente cómo continúan en la mira de militares-funcionarios-criminales.
Porque ocurrió con Marisela Escobedo, la mujer que exigió justicia para su hija víctima de feminicidio en Chihuahua, y quien a su vez también fue asesinada en medio de un plantón por la causa.
Porque ha pasado con decenas de defensores de derechos humanos y ambientales, que denuncian intimidaciones y que luego aparecen muertos.
Porque sigue sucediendo, y el caso de Óscar es una señal de esta continuidad sistémica de ignorar a las víctimas y desatender las llamadas de alerta.
* SANDRA ROMANDÍA es periodista de investigación. Coautora de Narco CDMX (2019) Grijalbo; y Los 12 Mexicanos más pobres (2016) Planeta y ganadora de la beca María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia
Sandra Romandía