Desde hace más de 500 años la lucha es la misma: es por el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas; es porque la pobreza, la desigualdad y el hambre dejen de ser parte de los adjetivos que describen a nuestros pueblos originarios; pero es, sobre todo, por garantizar el acceso a sus derechos.
En nuestro país, más de 23 millones de mexicanas y mexicanos orgullosamente se autoidentifican como indígenas; más de 8 millones de personas hablan alguna lengua originaria; y más de 3 millones de hogares están ubicados en el epicentro de nuestras raíces.
Sus pueblos y comunidades son los dueños originales de las tierras y de las aguas nacionales y, a pesar de ello, hoy la mayoría de sus parcelas son de temporal, y apenas producen para autoconsumo o para una comercialización local que les permite obtener unos cuantos ingresos.
Por eso, desde aquí le damos la bienvenida a la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; una reforma que los hace parte de la construcción de los modelos educativos y de cualquier cambio legislativo o administrativo que pueda impactar su vida bajo la figura de las consultas.
Que lleva a la Constitución el derecho a ser asistidos por personas intérpretes, traductoras y especializadas en derechos indígenas; el derecho a la alimentación, la vivienda, la educación, el acceso a las tecnologías, a las telecomunicaciones, a empleos y proyectos productivos para el campo.
Es una reforma que llama a todas las autoridades a fortalecer la economía de los pueblos y comunidades rurales, a tomar las medidas para eliminar la discriminación, el racismo y la exclusión, y que mandata asignaciones presupuestales justas.
La reforma es muy amplia, y sin desconocer áreas de oportunidad, creo que es justo que se le dedique un espacio mucho más importante a las comunidades y pueblos indígenas en nuestra Constitución.
Hay quienes afirman que la Constitución del país debería tener un texto más acotado; es decir, basado solo en fundamentos para que estos sean desarrollados en las leyes secundarias; y puedo coincidir con esa idea para algunos temas, pero este no es el caso.
En el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas, tras tantos años de marginación y discriminación debe ser la ley más importante la que reconozca los derechos.
Nunca más un país que camine alejado de su origen. La lucha es por justicia social. ¡La lucha sigue!