El mundo parece estar fuera de control. Acontecimiento tras acontecimiento, todo se mueve sin rumbo claro. Las certezas que alguna vez sirvieron de guía hoy se tambalean. En medio de esta incertidumbre, conviene detenerse un momento y buscar claves para entender la telaraña que nos atrapa.
Una primera idea. El orden global que se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial —y que alcanzó su clímax con la caída del muro de Berlín— está en crisis. Aquel modelo de estabilidad liderado por Estados Unidos se fractura, afectado por decisiones erráticas, un nuevo liderazgo polarizante y el agotamiento de los consensos que lo cimentaban.
La segunda clave está en la irrupción de las tecnologías de la información, en particular de la inteligencia artificial, que marca un punto de inflexión. Es la primera tecnología de alcance global que no fue diseñada ni controlada por un Estado. La IA es un poder inédito: descentralizado, acelerado, disruptor, ubicuo y sin mecanismos de gobernanza. ¿Cómo orientarla si no responde ni a las urnas ni a los parlamentos, pero otorga un inmenso poder a quien la controla?
Tercera idea. El modelo estatal que conocíamos muestra signos de desgaste y cambio. Vivimos un proceso de deconstrucción del Estado constitucional de derecho, incluso en los países que lo vieron nacer. Este fenómeno no se explica únicamente por el auge del populismo o los caprichos de líderes autoritarios; revela una tensión de fondo entre el constitucionalismo y la democracia.
Ya en 2006 el jurista Pedro Salazar en su libro La democracia constitucional. Una radiografía teórica (FCE), trazó con claridad las tensiones entre los dos polos. Simplificando, mientras el ideal constitucional defiende que ciertos principios, como los derechos humanos, deben estar por encima de la voluntad de las mayorías, el ideal democrático exige que todos los temas estén sujetos a la deliberación pública y puedan ser decididos por las mayorías.
Esta cuestión, lejos de ser académica, tiene consecuencias reales. El ejemplo más claro lo encontramos en el debate sobre quién debe tener la última palabra sobre la Constitución: ¿el Congreso, la Presidencia o una Corte Constitucional? La elección de nuevos ministros de la Suprema Corte no resolverá este dilema, porque lo que está en juego es la naturaleza misma del poder. El caso Trump ilustra bien el peligro: al desconocer la autoridad de los jueces para controlar las decisiones del Ejecutivo, lo que se busca es ejercer un poder sin límites. Justo lo que el constitucionalismo intenta evitar.
Recuperar la brújula implica más que adaptarse a los cambios. Exige reafirmar los principios democráticos que sostienen a las instituciones, entender las tensiones de fondo y, sobre todo, no renunciar al debate y la deliberación pública abierta y sin censura. No hay democracia sin libertad, ni libertad sin reglas y contrapesos.