La polvareda levantada por las primeras acciones del presidente Donald Trump dificulta el análisis de un panorama nacional que muestra problemas y retos por doquier. Uno de los frentes más delicados está en el Congreso, que iniciará sesiones el próximo 1 de febrero. La agenda legislativa que tiene ante sí es inédita, por su extensión y complejidad.
En el periodo legislativo que concluyó en diciembre de 2024 se aprobaron 72 reformas constitucionales. Cada modificación en la Constitución hace necesario expedir nuevas leyes o modificar las ya existentes para adecuarlas al nuevo marco constitucional. Un cálculo basado en las propuestas de las agendas legislativas de los partidos proyecta más de 60 leyes que tienen que ser modificadas. Así, hay que expedir o reformar la legislación en materia de competencia económica, telecomunicaciones, radiodifusión, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, procedimientos penales, procuración de justicia, derechos de los pueblos indígenas, desarrollo social, salud, transporte, industria eléctrica, hidrocarburos, minería, energía para el campo, protección animal, discapacidad, adultos mayores, trabajo, acceso a la información, protección de datos personales y administración pública federal, entre otras.
Por si esto fuera poco, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una agenda propia que también implica cambios legislativos en materia de vivienda, prohibición de la siembra de maíz transgénico, derechos de las mujeres, medidas contra el nepotismo, prohibición de la reelección y obra pública, entre otros.
Sin duda, las propuestas más controvertidas serán las relacionadas con la reforma electoral. Entre ellas se encuentra la muy probable iniciativa para reducir el financiamiento a los partidos políticos y eliminar a los diputados y senadores plurinominales, cambios que consolidarían el predominio de Morena y darían la puntilla a las instituciones de la transición democrática en México.
Además, hay que sumar otras tareas como la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, la designación o ratificación de funcionarios, la elaboración de listas de candidatos a jueces y otras obligaciones que sería imposible enumerar en el espacio de esta columna.
El reto no radica únicamente en la cantidad de trabajo, sino en la calidad de las normas que el Congreso debe elaborar y su impacto en los sectores involucrados. Muchas reformas constitucionales, aprobadas con premura y sin rigor técnico, tienen problemas de implementación, que debería resolver la legislación secundaria. El Congreso carece de las capacidades institucionales necesarias para procesar adecuadamente este enorme volumen de trabajo.
El país, luego de la sacudida que tuvo el año pasado, necesita reglas del juego claras, completas y estables. Estas son condiciones indispensables para garantizar un crecimiento sostenido y sustentable. Ojalá el Congreso esté a la altura del reto, aunque, a juzgar por el panorama actual, hay pocos motivos para el optimismo.