El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), establecido en 1994, juega un papel central en el sistema judicial mexicano. Es el órgano encargado de administrar, vigilar y disciplinar a los tribunales federales, incluyendo la formación y gestión de la carrera judicial. A pesar de su importancia, el CJF es un órgano relativamente desconocido para la mayoría de los ciudadanos. Su estructura y funciones se replican en la mayoría de los poderes judiciales del país.
La iniciativa de reforma judicial del presidente López Obrador considera que el CJF “ha sido incapaz de cumplir con su obligación de combatir la corrupción, la impunidad y los abusos que ocurren al interior del Poder Judicial” y que su desempeño ha sido insuficiente para “vigilar con objetividad e imparcialidad la conducta de los integrantes de los órganos judiciales, y de sancionar de forma ejemplar conductas contrarias a la ley”.
Este juicio sumario sirve para justificar la condena: los consejos de la judicatura desaparecen y serán reemplazados por dos entidades separadas. Los órganos de administración judicial y los tribunales de disciplina judicial. El problema más delicado está en estos últimos.
Estos tribunales, integrados por cinco miembros electos, se convertirán en “los jueces de los jueces”. Tienen un espectro muy amplio de facultades que les permitirá llamar a cuentas a cualquier juez, magistrado o ministro cuando, a su juicio, haya dictado una sentencia que contravenga el “interés público”, la “adecuada administración de justicia”, implique complicidad o encubrimiento de delincuentes, o se aleje de los vagos principios de “objetividad” “profesionalismo” o “excelencia”. Las decisiones de este tribunal son definitivas e inatacables, es decir, nada ni nadie puede controvertirlas. Será una institución sin paralelo en el mundo democrático y pondrá en jaque la facultad de los jueces de valorar las pruebas e interpretar las normas con independencia (principio de libre apreciación).
Este tribunal consolida un sistema que garantiza la captura del Poder Judicial por el gobierno de la 4T. Primero, se destituye a la totalidad de jueces, magistrados y ministros, quienes serán reemplazados por otros. Estos nuevos funcionarios, propuestos en su mayoría por el Presidente y las dos cámaras, se someterán a las urnas. Este proceso asegura entonces que los electos comulguen ideológicamente con Morena. Y si alguno de ellos osara apartarse de la línea de la 4T en sus sentencias, se activaría un mecanismo de corrección inmediata que podría sancionarlo, incluso con la destitución. En este contexto, no habrá cabida para jueces que se opongan a la voluntad presidencial.
Ojalá me equivoque. Pero si estoy en lo cierto, la elección de jueces implica decir adiós a la imparcialidad. Y la creación del tribunal de disciplina, el adiós también a la independencia judicial.