El control sobre bares y la venta de bebidas alcohólicas tiene origen en la época colonial, cuando se comenzó a regular el consumo del pulque y por ende, las pulquerías y tabernas. Fue a finales del siglo XIX, durante el Porfiriato, cuando se establecieron las primeras leyes.
La regularización se volvió más estricta en el siglo XX, cuando aparejado con el crecimiento de los centros urbanos, aumentaron también el número de bares y centros nocturnos.
En los años veinte, mientras en Estados Unidos se prohibió el alcohol, en México siguieron aumentando los bares y cantinas, lo que hizo evidente la necesidad de supervisión por parte de la autoridad.
Para los años 80 y 90, el entretenimiento nocturno se diversificó y se hizo necesario impulsar mayores controles sobre horarios, licencias y por supuesto, seguridad.
Actualmente la regulación de bares y establecimientos similares corre a cargo de las autoridades locales.
Mientras los gobiernos estatales son los que emiten leyes para la venta de alcohol e implementan regulaciones y restricciones en condiciones específicas. Son los gobiernos municipales los que otorgan licencias de funcionamiento y permisos para la venta de bebidas alcohólicas, además de supervisar que los bares cumplan con los reglamentos de uso de suelo, horarios, la no presencia y consumo por parte de menores y por supuesto, aspectos como protección civil.
Tradicionalmente, las áreas de fiscalización de los municipios dependen de la secretaría de ayuntamiento. En algunos (no pocos) casos, es una especie de caja chica, tanto del propio personal que ahí labora como de las y los propios alcaldes.
Unas horas de más, no clausurar por no cumplir los lineamientos, cobrar infinitas mensualidades por una licencia de alcohol (que ni siquiera expide el municipio), son algunas de las triquiñuelas aplicadas desde esta área.
Pero ya son otros tiempos y otras las implicaciones.
Hoy difícilmente personal de fiscalización “civil” puede parapetarse en cualquier bar para realizar una inspección o llegar a clausurar una pelea de gallos para la que no se otorgó permiso.
Y al mismo tiempo, las áreas de fiscalización pocas veces se hablan con las de seguridad. Y las de seguridad no tienen información de qué bar está fuera de horario o no tiene permiso. Y es que los primeros, no quieren que los segundos se metan en la operación que resulta en ganancias adicionales.
Muchos de los establecimientos que están fuera de regla tienen un mismo componente: la presencia del crimen organizado. Ya sea porque son sus negocios, porque toman el espacio como una oficina alterna o porque simplemente, quieren seguir bebiendo. Y entonces, la ley no se cumple. Y entonces, hay violencia.
¿Y qué resulta?
Durante el año 2023 hubo al menos 58 ataques, con al menos 132 personas fallecidas en México. En lo que va del 2024, se registran 35 ataques similares, con 98 personas muertas.
Los ataques concluyen en multihomicidios, con víctimas inocentes de una violencia indiscriminada. Lo ideal es que el área de fiscalización forme parte de las secretarías (lo que implica crecer de la figura de “dirección” que todavía hay en algunos casos) de seguridad de los municipios, a fin de que el cumplimiento de reglamentos, horarios y diversas disposiciones, sea acompañado con la presencia (armada) de la autoridad encargada justamente, de hacer cumplir la ley.
A ello se suma la digitalización de multas y otras recaudaciones, para provocar que los cobros por esta vía realmente vayan a las arcas municipales y evitar la tentación de la corrupción.
Resulta un reto grande, especialmente en el caso de las y los alcaldes que no quieren perder el control de la caja chica.
Ojalá estén conscientes que el siguiente multihomicidio en un bar puede ser también en su propio municipio.