Es de noche y la patrulla avanza en la complicada colonia. Ve algunos jóvenes reunidos en esquinas y afuera de domicilios. A algunos de ellos ya los había inspeccionado antes, sin encontrar nada.
Un hombre y su compañero viajan en una motocicleta y se detienen cerca del paso de esa patrulla. Sacan el celular para confirmar la orden y el número del domicilio al que ingresarán para matar a todas las personas que encuentren.
La patrulla los ve revisando su teléfono y pasa de largo. Sin la luz de las torretas a la vista, la masacre se consuma.
¿Un patrullaje podría evitar el multihomicidio? No, a menos de un extraordinario y divino golpe de suerte. ¿La autoridad debería evitarlo? Definitivamente, sí.
¿Pero cómo se podría impedir si en las tareas de seguridad se sigue apostando al patrullaje vial pero no al cibernético? ¿Cómo evitar que ocurra algo de lo que ni siquiera se tiene idea?
Las labores de seguridad se están quedando obsoletas, con un sistema cada vez más reactivo que preventivo. No hemos terminado de crear instituciones y ni hablar de cómo modernizarlas.
Ello sin mencionar el desánimo y la desconfianza de la ciudadanía que se cuestiona: ¿cómo es posible que a los dos minutos de que pasó la patrulla, hayan matado a toda una familia?
Hoy los homicidios, extorsiones, robos, fraudes y muchos otros delitos se planean y se ordenan desde el ciberespacio, que es tan complejo como tener un teléfono celular con internet y un servicio de mensajería.
Y mientras tanto, en las instituciones se presume la compra de más patrullas y se recluta con espectaculares que ofrecen sueldos a quien quiera llegar.
Pero ahí no para la complejidad y la falta de acciones preventivas reales: ¿qué hace un o una policía que detecta durante una inspección, un mensaje en un teléfono celular con una instrucción criminal de privar de la vida? ¿Por qué delito lo pondrá a disposición?
Porque si seguimos en la lógica de algunas instancias que piden no denunciar lo que “al cabo ni pasó”, es probable que las instituciones de procuración de justicia no quieran recibir a los detenidos y acabe todo en una “falta administrativa” (la que sea que se inventen para que los policías no sean acusados de privación de la libertad, por ejemplo).
Los asesinos potenciales salen y tarde o temprano, ellos mismos o alguien más, cumplirá el encargo.
¿El deber ser? Labores de investigación que incluyan el “patrullaje cibernético” o mejor dicho, la intervención de comunicaciones en el marco de una investigación (también) policial, para la posterior acusación de tentativa de homicidio, investigación de otros actores criminales y la deseada desarticulación de una célula delictiva que mine realmente a las organizaciones delictivas.
No se trata de investigar a partir de los homicidios para esclarecerlos, sino de investigar para que los homicidios no ocurran.
No se trata de seguir comprando patrullas para disminuir la violencia, sino de entender y comprender el uso adecuado de la tecnología y recursos legales contemplados en la ley para una prevención efectiva.
No se trata de llenar plazas de una institución policial con quien llegue, sino de atraer y mantener perfiles especializados que no solo patrullen la calle, sino que también puedan hacer inteligencia través de distintas plataformas y luego ministerializarlas para un resultado de mayor impacto y éxito.
Es como si en las instituciones de seguridad siguiéramos mandando faxes, revelando rollos fotográficos, escribiendo con instrumentos mecanográficos o levantándonos para cambiar el canal en el televisor.
En tanto aquellos, todo arreglan con un whatsapp.