En aproximadamente un mes comenzará el segundo periodo presidencial de Donald Trump en Estados Unidos. Como en su primer mandato, llega con una serie de amenazas que incluyen temas sensibles para México, entre ellos, la deportación de migrantes indocumentados. En México, las alarmas ya se han encendido para anticipar el impacto de posibles deportaciones masivas desde el país vecino. Incluso se ha especulado sobre escenarios similares a los de principios de siglo, cuando las expulsiones desde Estados Unidos alcanzaron los dos millones de personas. Aunque es crucial estar preparados, resulta necesario abordar estosescenarios con cautela.
Cuando Trump asumió su primer mandato hace ocho años también se anticipaba una ola masiva de deportaciones, que finalmente no se materializó.
Los migrantes expulsados de Estados Unidos enfrentan distintos procedimientos administrativos: remociones, retornos, remociones expeditas y, más recientemente, el Título 42, vigente entre marzo de 2020 y mayo de 2023. Durante el primer periodo de Trump, los mexicanos fueron expulsados principalmente a través de retornos y remociones. Un análisis de las cifras muestra que no se registró una deportación masiva de mexicanos. Por ejemplo, en el año fiscal 2019 —antes de la pandemia—, las remociones sumaron 215,000, una cifra menor a los 245,000 de 2016, último año de la administración anterior. Los retornos en 2019 alcanzaron los 49,000, en línea con las tendencias previas.
Factores que limitaron las expulsiones masivas
¿Por qué no aumentaron las deportaciones como se esperaba? Una razón clave es la existencia de protecciones legales. Muchas personas en Estados Unidos cuentan con salvaguardas como el asilo, el Estatus de Protección Temporal (TPS) y programas como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Aunque Trump intentó eliminar DACA, los tribunales bloquearon sus esfuerzos.
Otro factor crucial, particularmente en el caso de los migrantes mexicanos, es que las cifras de deportaciones están estrechamente vinculadas con el flujo migratorio indocumentado, es decir, con las detenciones de personas al intentar cruzar la frontera. Durante el primer mandato de Trump, las detenciones de mexicanos no superaron los 200,000 eventos anuales, muy por debajo de los más de 1.6 millones registrados a principios de siglo.
En cuanto a los inmigrantes ya residentes en Estados Unidos, los datos indican que el mayor número de expulsiones en las últimas dos décadas ocurrió en 2011, con cerca de 176,000 eventos. Durante la administración de Trump, esta cifra promedió 60,000 por año.
¿Qué esperar en el segundo mandato de Trump?
En el caso de los migrantes que intentan cruzar la frontera, es muy probable que las deportaciones aumenten, dado que las cifras de detenciones ya son significativamente mayores. En el año fiscal 2024, las detenciones de mexicanos en la frontera superaron los 650,000 eventos, lo que podría traducirse en un incremento sustancial en las expulsiones.
Para los migrantes que ya residen en Estados Unidos, el panorama es diferente. Si Trump logra implementar medidas agresivas, como la revocación de DACA y otros programas humanitarios, varios miles de mexicanos podrían verse afectados. Sin embargo, existen factores que limitan la magnitud de este impacto. Por un lado, el número de mexicanos indocumentados ha disminuido significativamente en los últimos años. Según el Pew Research Center, en 2022 había alrededor de 4 millones, casi un 50% menos que los 6.9 millones registrados en 2007. Por otro lado, ha crecido el número de mexicanos que han obtenido la ciudadanía estadounidense: el 38% de los aproximadamente 11 millones de mexicanos en Estados Unidos eran ciudadanos en 2022, lo que los exime de ser sujetos de deportación.
¿Qué podemos esperar?
Los datos sugieren que una deportación masiva, significativamente mayor que las observadas en años recientes, es poco probable. No obstante, esto no debe interpretarse como un motivo para relajar los esfuerzos de atención a las personas deportadas. Por el contrario, es una oportunidad para fortalecer los mecanismos de apoyo y garantizar una atención integral a quienes, lamentablemente, sean expulsados del país vecino.