A finales del siglo XX, la migración interna se entendía como migración económica por razones laborales, hoy la movilidad de población en México muestra una forma que se vuelve cada vez más común: el desplazamiento forzado.
El desplazamiento forzado se refiere a “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano” (ONU, “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos”, Doc.E/CN.4/1998/53/Add.2; 11 de febrero de 1988).
Al ser personas mexicanas en situación de desplazamiento forzado, la movilidad se registra como migración interna de población en tanto no se cruza una frontera internacional. Así como el fenómeno migratorio de los últimos tiempos se ha presentado de varias formas, ya sea en trayectos individuales o en caravanas de grupos colectivos; o su temporalidad, durante el recorrido, deriva en migración de tránsito o de estancia extendida hasta alcanzar su destino final; de igual manera, hoy las personas en situación de desplazamiento forzado interno hacia la frontera norte mexicana se convierten en migrantes internos en tanto logran –si es que lo buscan– el asilo en Estados Unidos.
El informe especial sobre desplazamiento forzado interno (DFI) en México de la Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere que Monterrey es una comunidad receptora de personas internamente desplazadas a causa de la violencia o desastres naturales. Su informe del año 2016 reportó 512 personas quienes manifestaron ser víctimas de DFI a pesar de que las autoridades estatales y municipales consultadas refirieron no tener registros de casos. Esta situación muestra que las personas en situación de DFI y su invisibilidad en forma de inmigrantes son por causa distinta al tema de violencia o desastre natural, probablemente de tipo laboral, dada la dificultad de identificarlas.
En el noreste, Séverin Durin ha documentado desde la década pasada la salida de cientos de personas de Nuevo León hacia Texas por el tema de seguridad, y el abandono de viviendas o viviendas deshabitadas como indicador del desplazamiento forzado. Sin embargo, la entidad también es receptora de esta población. El censo de 2020 registró poco más de 15 mil personas que llegaron a la Nuevo León por razones de inseguridad, violencia, persecución o desastre natural; el origen de una buena parte de la población desplazada provino de Tamaulipas o incluso de municipios de la propia entidad que cambiaron su residencia, a otro municipio del estado, por las mismas razones.
Si bien el desplazamiento forzado interno en México está documentado desde finales del siglo XX, cuando población indígena en la sierra de Chiapas dejaba sus comunidades por los conflictos de tierras, no fue sino hasta 2019 cuando se buscó tipificarlo como delito en el código penal mexicano, derivado en particular de la violencia criminal, a la vez que se intentó también aprobar en 2020 la ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. Hasta el día de hoy el tema está detenido en el Senado desde hace dos años.
¿Por qué es importante el tema? Porque frente a la violencia exacerbada en ciertas regiones del país, como por ejemplo Guanajuato, Zacatecas, Jalisco o Michoacán, por la presencia de grupos delictivos, miles de personas son obligadas a dejar sus lugares de origen e invisibilizarse como migrantes cuando en realidad su condición es de alta vulnerabilidad, y por tanto requieren estrategias de atención y protección desde el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la propia comunidad, distintas a aquellos grupos de población en movilidad. Visibilizar el problema es fundamental.
Blanca Vázquez*
*Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien escribe. No representan un posicionamiento de El Colegio de la Frontera Norte