Hace unos días se anunció una reforma que otorgará al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) la facultad de construir vivienda. El objetivo es edificar un millón de viviendas sociales, una medida urgente para contener el aumento de precios en el sector.
Esta reforma ha generado críticas y la propagación de noticias falsas. Una de las más infundadas es la afirmación de que los trabajadores perderán sus ahorros porque el Infonavit se los robará. Esto es falso. La reforma no modifica el manejo de los recursos del instituto; únicamente amplía sus facultades para construir viviendas, además de otorgar créditos.
Apoyo la idea de que el Infonavit construya viviendas. Sin embargo, considero que la reforma requiere ajustes en tres aspectos clave para garantizar transparencia y prevenir la corrupción.
Primero, en materia de gobierno corporativo. La propuesta actual incluye un aumento en la representación gubernamental en los comités de vigilancia y auditoría, lo que desequilibra la relación tripartita entre el gobierno, los sindicatos y los patrones. Morena justifica esta medida señalando que los representantes sindicales y patronales actúan como una “mafia” que utiliza el poder para intereses privados.
Aunque contamos con evidencia sobre actos de corrupción de algunos representantes, alterar la proporcionalidad de las partes no es la solución. Si existen problemas individuales, la reforma debería enfocarse en sustituir a dichos representantes, no en concentrar el poder en una sola parte. De lo contrario, esta discrecionalidad podría agravar los problemas de corrupción.
Segundo, es necesario establecer criterios claros para la construcción y la subcontratación. La reforma no define con precisión cuándo el Infonavit construirá directamente y cuándo podrá subcontratar a empresas privadas. Esta ambigüedad abre la puerta a decisiones discrecionales que podrían favorecer el influyentismo.
Cabe recordar que, en los años setenta, cuando el Infonavit construyó directamente, estas prácticas convirtieron la construcción pública en un negocio privado controlado por algunos sindicatos.
Finalmente, es necesario mantener al Infonavit bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La reforma excluye al Infonavit de rendirle cuentas a la CNBV, a pesar de que, en la práctica, el Infonavit opera como una entidad financiera. Esta exclusión podría generar riesgos importantes a futuro porque, si bien el Infonavit seguirá rindiendo cuentas al Congreso y a la Secretaría de Hacienda, estas instituciones carecen de las capacidades regulatorias especializadas de la CNBV.
Hay una realidad: México enfrenta una crisis de vivienda, y el sector privado no tiene incentivos para construir vivienda social debido a su baja rentabilidad. En este contexto, es razonable que el Estado intervenga para suplir esa carencia, construyendo viviendas para los trabajadores con un enfoque en el beneficio público más allá de la ganancia económica.
No obstante, para que esta intervención sea eficaz, deben implementarse mecanismos sólidos contra la corrupción. En su forma actual, la reforma promovida por Morena carece de los candados necesarios para garantizar una gestión transparente y equitativa.
*Lo contenido en este texto es publicado por su autora en su carácter exclusivo como profesionista independiente y no refleja las opiniones, políticas o posiciones de otros cargos que desempeña.