Camila y Nínive Valeria las menores que fueron víctimas de abuso sexual infantil en 2019 por tres de sus compañeros de aula en la escuela Marco Antonio Montes de Oca, Zapopan, tendrán que esperar de manera indefinida a que el Tribunal de Justicia Administrativa determine si la omisión de los cuatro profesores del plan educativo es calificada como grave o no grave.
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La titular del Órgano Interno de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Aymee Yalitza De Loera Ballesteros, quien lleva el caso legal de las menores, informó no haber encontrado pruebas en los expedientes para calificar como grave la omisión por parte de los profesores señalados, esto a pesar que los docentes supieron la violencia que recibieron las menores antes de que fueran violadas sexualmente por sus compañeros.
Agregó que la determinación por parte del Tribunal de Justicia Administrativa puede llegar a durar hasta dos años, esto con base a otros de los casos, y con la posibilidad de que no salga favorable para los manifestantes.
Sin embargo, reconoció que el castigo que recibiría el profesorado presuntamente responsable de la omisión es diferente.
“De acuerdo a la ley los órganos internos sólo tenemos facultades para sancionar con la destitución hasta un año de inhabilitación en caso de que fuera grave un tribunal tiene la facultad de sancionar una institución y hasta 10 años de inhabilitación”, dijo Aymee Yalitza De Loera Ballesteros, titular del Órgano Interno de la SEJ.
Además, Camila y Nínive Valeria, víctimas de abuso sexual infantil, suma otra menor que fue víctima de los tres niños agresores, además de que una de las niñas agresoras también resultó ser víctima, refirió Aymee De Loera Ballesteros.
El órgano interno afirmó que de los ocho profesores señalados por haber sido omisos sólo cuatro de ellos fueron separados de función. La directora María del Carmen Maciel Nava y el profesor Jorge Abraham Aguilar Vargas, fueron separados el 29 de enero del 2020 y los otros dos este año.
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“Lo que se hace es llevarlos al plantel y enviarlos a una descarga administrativa, dos de ellos se fueron a la de jefatura de sector dónde están descargando horario, pero conclusiones comunicativas, el protocolo nos dice que tenemos que proteger a los niños y las funciones de ellos son meramente administrativas”, comentó De Loera Ballesteros.
Las madres de Camila y Nínive Valeria, piden a las autoridades garantes de la justicia en Jalisco, el retiro de la cédula profesional de los maestros y maestras como resarcimiento del daño causado a sus hijas.
Por su parte los abogados del Observatorio Mesa de Paz en Jalisco, quienes llevan el caso legal,
informaron que acudirán a instancias internacionales en caso de que el Tribunal de la Justicia Administrativa no determine la omisión como grave.
JMH