La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha localizado a cerca de mil personas desaparecidas inhumadas en la fosa común del Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México, y la cantidad va en aumento, pues cada semana avisa a dos o tres familias más.
De acuerdo con cifras públicas, más de la mitad de las personas que se encuentran en esa fosa fueron enterradas sabiendo su nombre y apellido. Desde 2002 a la fecha, 14 mil 790 cuerpos han sido inhumados, 8 mil 327 de ellos, el 56 por ciento, están plenamente identificados.
Los supuestos de que eso ocurra son muchos, no implica que todos ellos están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que actualmente tiene más de 112 mil reportes, pero tras años de labor, la CNB está encontrando ahí a cientos de desaparecidos.
El director de Operación de Búsqueda de la CNB, Javier Yankelevich, explicó a MILENIO que desde hace décadas en la mayoría del país hay un “problema severo de flujo de información al interior de las instituciones, porque no existe un sistema único de gestión de cuerpos, en ninguna parte, a lo mejor en Chihuahua ya lo resolvieron”.
“(Esto implica que hay) una familia diciendo estoy buscando a ‘José Luis’ aquí (en una institución), y ‘José Luis’ está acá (en otra) y nadie se da cuenta, y esto ocurre por cientos, o miles tal vez, con nombre”.
Una de esas víctimas es el señor Lauro, quien estuvo desaparecido 24 días, pero sus hijas lo buscaron por más de una década, aunque no fue víctima de un delito violento y su cuerpo siempre estuvo identificado y en poder de la autoridad.
A sus 64 años, el señor Lauro padecía breves episodios de desorientación que nunca lo pusieron en peligro. Se desplazaba sin problemas entre las casas de sus hijas, con quienes vivía, entre la zona de Tacubaya y el Estado de México. Ellas se jactan que su padre conocía toda la ciudad a la perfección.
Por eso les sorprende que tras dejar de saber de él el 23 de enero de 2013, diez años después se enteren que falleció el 16 de febrero de ese mismo año en el albergue “Plaza del Estudiante”, del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Ciudad de México, ubicado en la Colonia Viaducto Piedad, una zona que su padre no frecuentaba.
El último día que supieron de él, salió de la casa de una de sus hijas y dejó la puerta abierta. Ellas presentaron denuncias en las procuradurías de la ciudad y el Estado de México, levantaron un reporte en Locatel, pegaron miles de fichas de localización y realizaron jornadas de búsqueda, pero no pudieron encontrarlo. Ahora se sabe por qué.
En esos años, los cuerpos de las personas fallecidas en los albergues eran enviados directamente a las universidades, sin pasar por el Ministerio Público. En el caso del señor Lauro, su cuerpo fue entregado a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, del Instituto Politécnico Nacional, y de ahí lo mandaron a la fosa común del Panteón Civil de Dolores, de acuerdo con el reporte de localización de la Comisión Nacional de Búsqueda, que la familia de Lauro compartió con MILENIO.
Aunque los restos no han sido recuperados, las hijas de Lauro no tienen duda de la investigación de la CNB. Sólo tienen una pregunta: ¿por qué se enteran 10 años después? Hay una explicación, pero no una justificación.
Una labor titánica
La estrategia de localización suena fácil: comparar la lista de las inhumaciones en la fosa común con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Pero la labor fue titánica, debido a que los registros del Panteón Civil de Dolores estaban a mano en libretas.
Por más de dos años, la Comisión Nacional de Búsqueda, que entonces dirigía Karla Quintana, dedicó parte de sus limitados recursos a digitalizar los más de 17 mil registros que el panteón tiene desde el año 2002. Aunque hay 14 mil 790 cuerpos, también se registran fragmentos humanos, lo que aumenta el número de registros.
“Eso es la revolución en búsqueda de personas con datos. Esta es la nueva forma de buscar, es poner orden a los datos del Estado”, sostiene Yankelevich.
Gracias a ese esfuerzo, desde junio del año pasado el Panteón Civil de Dolores dejó el papel y la pluma para registrar las inhumaciones de manera digital.
Pero la labor de la CNB va más allá de la concordancia entre las dos listas, pues después realiza una investigación para confirmarlo. “Esto lleva tiempo, una vez que tenemos certeza y una explicación para darle a la familia, les convoco y les informo”, explica Yankelevich.
Después, las familias son canalizadas al Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento (ADEVI), de la Fiscalía capitalina, para que les brinden una orientación sobre el proceso para la recuperación de los restos, para lo cual se necesitan pagar servicios de desinfección, servicios funerarios y una tasa para el panteón. Unos 30 mil pesos en total.
En entrevista, Ana Lilia, hija de Lauro, asegura que no van a dejar a su padre en la fosa común.
“Estamos esperando respuesta de la Fiscalía de la Ciudad de México, lo que necesitamos son los permisos para exhumar. Dicen que es un poco complicado (recuperarlo) pero que se puede. Su cuerpo no nos lo van a regresar, pero sus restos, esos sí queremos que me los den, es lo que pedimos, lo mínimo ya de tanto que trabaron para que lo encontráramos”, dice.
En el Panteón Civil de Dolores sólo están abiertas al mismo tiempo dos fosas del área común. Las llenan con entre 80 y 100 cuerpos o restos humanos. Luego las cierran y abren una más.
Problema sistémico
Ana Lilia reclama que las autoridades capitalinas de hace 10 años no hayan investigado cómo debían la desaparición de su padre.
“¿Quién dirías que desapareció a tu papá?”, se le pregunta.
“Las autoridades, en quien desgraciadamente confiamos”, responde, sin dudar. “Y sí, pues es normal hasta cierto punto, como no es su familia a ellos qué, uno más, uno más, y nada más van contando un número más y ahí lo dejan”.
Pero el problema es estructural, y continúa hasta la fecha. Apenas este mes la CNB identificó que en la fosa común se encuentra un hombre con reporte de desaparición del 29 de octubre de 2021.
“Son las cosas que en general no interesan a nadie, porque son problemas sistémicos, entonces no tienen rostros”, lamenta Javier Yankelevich.
Yankelevich, quien también fue parte del Comité Técnico de integración del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, toma una pluma y dibuja en un cuaderno el diagrama de lo que ocurre en la capital cuando se encuentra un cuerpo sin vida.
A grandes rasgos: llega la policía a la escena, levanta un informe y va al Ministerio Público. El MP ordena a Servicios Periciales documentar y recuperar el cuerpo. Servicios Periciales toma fotos, se lleva el cuerpo, resguarda los objetos que tenía, hace un acta de defunción y entrega el informe al MP.
Luego, el MP le pide al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) hacer la necropsia, por lo que el cuerpo es trasladado, pero el Incifo ya no ve los objetos que tenía la persona, tampoco le llegan las fotografías del lugar del hallazgo. Incifo toma las huellas dactilares y las carga al sistema automatizado de identificación de huellas (AFIS) y también las manda al INE, un proceso que tarda más tiempo del que puede resguardar el cuerpo antes de mandarlo a la fosa común. Finalmente entrega la necropsia al MP.
Si nadie reclama el cuerpo, Incifo lo manda a la fosa común, ya sea identificado o como desconocido.
“¿Dónde comienzan los problemas? Incluso debe identificar el cuerpo, pero no tiene los objetos ni el contexto de la localización. Y cuando lo identifica por huellas dactilares, no se entera Servicios Periciales y no se entera el MP de homicidios, se entera otro MP que tiene una sola persona y se supone que debe buscar a las familias. El panteón tampoco se entera de la identificación si se confirma después de que le llegó el cuerpo”, explica Yankelevich.
En tanto, las personas que buscan a un desaparecido acuden a la Comisión local de Búsqueda, a Locatel o a la Fiscalía especializada en desapariciones.
“Esas tres no tienen bases de datos unificadas, cada quien tiene la suya. La Fiscalía especializada le pregunta a Incifo por una persona, pero si no ha llegado o no está identificado le responde que no lo tiene, y si el cuerpo llega o lo identifica al día siguiente, el Incifo no va a avisar y la Fiscalía no va a volver a preguntar porque tiene miles de casos.
“Estos ciegos: el Incifo no le dice a Desaparecidos que identificó un cuerpo. Desaparecidos no vuelve a preguntar. Incifo no avisa al MP de homicidios. La oficina que debe buscar familias está desbordada. El panteón no sabe cuando se identificó un cuerpo que le llegó como desconocido. Todo esto genera ciegos (de información), es decir una familia diciendo estoy buscando a ‘José Luis’ en una institución, y ‘José Luis’ está en otra y nadie se da cuenta, y esto ocurre por cientos, o miles tal vez, con nombre”.
El cabo de la madeja
La CNB llegó al Panteón Civil de Dolores buscando a los desaparecidos de la Guerra Sucia. La historiadora Adela Cedillo compartió con el organismo los hallazgos de su tesis sobre las Fuerzas de Liberación Nacional, una guerrilla de los años 70. En su investigación habló con una persona llamada Luis Prieto, quien le dijo que recuperaron el cuerpo de su sobrina de la fosa común del Distrito Federal. Dení estaba desaparecida, había sido ejecutada por militares en una masacre en Nepantla, Estado de México, en 1974.
“Adela nos da el cabo de la madeja. ¿Cómo fue posible que, a Luis Prieto, hoy difunto, alguien le dijo: el cuerpo de tu sobrina está ahí, ¿si estaba registrada como desconocida?, alguien tenía que haber sabido”, narra Yankelevich.
“Lo que comenzamos a hacer fue rescatar la historia de esto bajo la hipótesis de que algunos de estos desconocidos podrían ser las personas que estábamos buscando, víctimas de desaparición forzada en la Guerra Sucia, y vamos confirmando esta hipótesis”.
Para ello, digitalizaron 100 mil registros de las bitácoras del anterior Servicio Médico Forense del Distrito Federal, correspondientes a los años de 1968 a 1982.
Encontraron algunas inconsistencias en esos registros. Por ejemplo, un grupo de 2 mujeres y 3 hombres que fueron entregados el mismo día por la Procuraduría General de la República, cuando esa dependencia no tenía que llevar cuerpos al Semefo-DF.
En otro grupo de víctimas, alguien en el Semefo agregó al margen la leyenda: “Lig 23 de sep”.
Javier Yankelevich explica que en la Guerra Sucia no solo se utilizaron los mecanismos más sofisticados para la desaparición de personas, como los vuelos de la muerte, que requieren de una operación compleja para lanzar cuerpos desde aviones en altamar; también se emplearon los métodos más rudimentarios, de las rutinas de la institución, como PGR entregando los cuerpos al Semefo como desconocidos.
Bajo esa hipótesis, expandieron su búsqueda en el Panteón de Dolores a los tiempos recientes.
“Esto no es privativo de la Ciudad de México, de hecho puede que yo lo pueda estar contando porque el nivel de registro (en la capital) es suficientemente bueno para desentrañarlo. Va a ser un poco como el búmeran del registro: cuando tú registras bien algo que es estigmatizante, va a resultar que tú estás peor que el que no registra nada, pero él está peor porque no registra nada”.
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