Los jueces y magistrados federales del país anunciaron que analizan promover un nuevo amparo, ahora contra del decreto aprobado por la Cámara de Diputados y que fue enviado al Senado, el cual obliga al Poder Judicial de la Federación (PJF) a pagar los servicios de correos y telégrafos, al Servicio Postal Mexicano (Sepomex) y Financiera para el Bienestar (Finabien), por la publicación de las notificaciones oficiales en los juicios de amparo.
Ayer, a propuesta del vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, se avaló la reforma a la Ley de Amparo, lo que significará un nuevo gasto para el Poder Judicial. A través de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, los juzgadores señalaron que dicha medida viola derechos constitucionales y convencionales.
Explicaron que la reforma al artículo 28 de la Ley de Amparo vulnera los principios de independencia y autonomía judicial, porque invade la autonomía de gestión presupuestaria de la Judicatura Federal, al imponer un gasto público que no está previsto como tal en el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal de 2024.
“Con ello, paralelamente se ejerce presión económica al ámbito de la independencia judicial y sus operadores jurisdiccionales”, apuntaron.
Mientras que con la adición al artículo 243, se violan los derechos al debido proceso y a la administración de justicia pronta y expedita, protegidos por los artículos 14 y 17 de la Constitución, al permitir a dichas autoridades de la administración pública descentralizada evitar las notificaciones a las partes en los juicios de amparo, sin responsabilidad económica oficial alguna, lo cual redunda directamente en perjuicio de las partes procesales.
“Las instituciones no se deben fortalecer con el debilitamiento de otras, menos cuando es en perjuicio de las personas usuarias del servicio de la administración de justicia constitucional”, enfatizaron.
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