Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuso que se legisle para poder revertir las sentencias “producto de fraudes judiciales”, la mayoría de las cuales dijo, tienen como víctimas a personas y comunidades sin recursos para defenderse.
Indicó que México debe adoptar medidas para echar atrás las sentencias conocidas como “cosa juzgada”, pues aunque se denuncien ante instancias superiores, los casos suelen desecharse.
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Importancia de corregir errores de juzgadores
El domingo 16 de marzo, durante su participación en una conferencia sobre la reforma judicial en el Centro de Excelencia Tampico, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la ministra señaló la necesidad de legislar sobre la forma de corregir las injusticias que aún se registran mediante actos de corrupción o tráfico de influencias.
Lo cual, señaló, hace que los casos queden impunes bajo el principio de “cosa juzgada”.
“Muchas veces no se resuelve conforme a Derecho, vemos muy constantemente la validación de fraudes en nuestros procesos, llegan muchísimos a la Corte, por cierto, y se le tiene que dar el carácter de cosa juzgada, y no tenemos la capacidad de anular —porque no nos la da nuestro marco jurídico—, para estar anulando actos dispuestos de manera fraudulenta".
“Por cierto, que hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha reconocido e incluso a recomendado que los Estados parte legislen la cosa juzgada fraudulenta, justamente para que no queden en la impunidad este tipo de sentencias, y México se ha negado, desde el propio Poder Judicial”, aseguró Batres Guadarrama.
La togada expresó que recientemente la Suprema Corte determinó que no es aplicable para otros ámbitos distintos al civil la disposición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que permite la “excepción de cosa juzgada”, por medio de la nulidad de juicio concluido.
Agregó que, si bien todo tipo de corrupción es condenable, en la mayoría de los casos los funcionarios que incurren en este ilícito provocan daños económicos al erario y a los ciudadanos, pero cuando una persona juzgadora es corrupta, no sólo erosiona a las finanzas públicas, sino que también causa una injusticia, lo que lesiona aún más el tejido social.
En el evento también participó la directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico de la UAT, Elda Ruth de los Reyes Villarreal, quien manifestó que la reforma judicial es un reto y una oportunidad para el pueblo de México.
Ya que abre la puerta para construir un Poder Judicial que brinde una justicia más humanista y sensible.
Resalta importancia de reforma judicial
Añadió que los impartidores de justicia que sean electos por voto popular permitirá que los ciudadanos ejerzan por primera vez un control sobre la actuación del PJF.
“Los ojos del pueblo estarán atentos a la actuación de los nuevos jueces”, destacó la académica.
A su vez, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, subrayó que las universidades deben participar activamente en la discusión y análisis de la reforma judicial y agradeció que en este debate participen quienes serán los responsables de aplicarla, como es el caso de la ministra.
RM