“¿Cómo pasó? ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo fue posible?”, son las preguntas que nunca pudo soltar la periodista Marcela Turati, tras cubrir el hallazgo de fosas clandestinas con decenas de migrantes en San Fernando Tamaulipas, un municipio pequeño con poca gente, “un lugar donde todavía no sabemos cuántos faltan… y que es una incógnita”.
En agosto de 2010 se encontraron 72 migrantes enterrados en un predio. Y en abril de 2011 se halló otra fosa clandestina en el mismo municipio. “Dijeron que fueron Los Zetas y la policía municipal.” Al menos 120 cuerpos fueron trasladados a la Ciudad de México. Marcela Turati recuerda una larga fila de personas que esperaban para realizarse una prueba de ADN.
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Ella se describe como una coleccionista de historias. Doce años después de esos hechos, narra y explica en su libro San Fernando: última parada. Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas la crisis forense y de desapariciones en el país durante la última década en la guerra contra las drogas.
En las páginas del libro, testigos, víctimas, funcionarios, van hilvanando un relato coral de lo que se vive frente a un narcoestado y sus alrededores:”guerras en las calles, enfrentamientos y muertos”.
La cifra oficial reconoció el hallazgo de 193 cuerpos y 47 fosas en abril de 2011, pero Turati asegura que “se estiman que habría más de 500 cuerpos enterrados”, víctimas del reclutamiento forzado o la desaparición en carreteras federales como la 101 y 97.
“Había está guerra contra los del Golfo y Los Zetas” en el periodo de 2010 a 2012, cuenta a MILENIO y enfatiza que la implicación de Estados Unidos en la estrategia de seguridad durante el sexenio de Calderon “fue el rol de financiar la iniciativa Mérida: (...) un negocio para quienes venden armas y la pagamos los ciudadanos comunes”.
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-¿Qué contexto hay detrás de la presencia de los cárteles en el noroeste del país?
-Cuando Calderón lanza la guerra contra las drogas (los carteles) empezaron una guerra, necesitaban gente, armamento, infraestructura: un lugar comoSan Fernando. (...) Se convierte en una dictadura criminal, hay un tinte de control del territorio, de quién entra y quién sale.
Cuando la autoridad te desaparece
-¿Cuál es el principal problema al que se enfrentan las familias al buscar a sus desaparecidos, qué observaste en San Fernando y el sistema judicial?
-No hay un sistema donde puedas confrontar cuerpos no identificados, datos genéticos de familias que se hicieron una prueba de ADN. (...) No tenemos una base nacional que ya se veía necesaria desde 2011.
Otro problema que señala Turati es que las autoridades ministeriales levantan actas circunstanciadas y no denuncias penales “para no investigar”. Esto implica una constancia de hechos y por lo tanto no activa una investigación; además que las familias se enfrentan a la falta de coordinación, pues “las fiscalías no comparten información. Uno tiene el afiche y otro el cadáver”.
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“(Las familias) no tienen derecho ni acceso, según la fiscalía, a una investigación criminal, la gente quiere saber ¿qué pasó?, ¿cómo le pasó?, ¿quién lo hizo?” (...) Se quedan secuestrados en el área de la SEIDO, no les interesa identificarlos y lo único que les interesa es investigar a los criminales; entonces mandan a la fosa común a personas jóvenes que tenían en el pantalón su identificación”.
Al respecto, resaltó el papel de organizaciones sociales y colectivos dentro del acompañamiento a familiares de las víctimas, como es el Equipo Argentino de Antropología Forense, que logró que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) mostrará los archivos a los familiares de desaparecidos en el norte del país.
-¿Por qué se debe conocer la historia de San Fernando?
-Dice San Fernando, pero podría tener el nombre de cualquier otro municipio (...) hay muchos componentes para explicar cómo el estado desaparece a las personas desaparecidas y por qué una crisis forense.
“Es entender por qué pasan las barbaridades, nos quedamos con un miedo, inmovilizados. El libro duele, quiero que la gente escuche lo que yo he escuchado, que vean que hay claves que hacen que esa historia se repita y de cómo interviene el sistema”.
A más de una década, acusa que en la actualidad solo la mitad de los culpables por la desaparición en carreteras y la exhumación de cuerpos, se encuentran detenidos y enfrentan proceso, lo que para ella es “una historia de impunidad”.
A 12 años de los hechos, recriminó que desde la FGR la espiaron. “Sigo en el expediente de Los Zetas como sospechosa delincuencia organizada, investigan a quienes investigan”.
-¿Tu alma sigue en San Fernando?
-Espero recuperarla, fueron años de miedo, de aislamiento, de muchas cosas… es una deuda con quienes fueron torturados: como pude les cumplí.
ATJ