La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) público la Plataforma Digital Nacional (PDN), con las bases de datos de los funcionarios públicos sancionados, proveedores sancionados y servidores públicos que interviene en contrataciones, tanto del gobierno federal como del Estado de México.
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La PDN es la herramienta principal de Sistema Nacional Anticorrupción y deberá interconectar las bases de datos del gobierno federal y de las 32 entidades federativas, pero hasta ahora solo el Estado de México cumplió con esa obligación.
Esta versión incluye apenas los sistemas dos y tres, de los seis que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción ordena; los otros sistemas son los de declaraciones patrimoniales, declaraciones de intereses y declaraciones fiscales.
“Son dos sistemas, dos y tres, y tienes que tener los de las 32 entidades federativas conforme vayan incorporándose los estados, dejará de ser una versión beta, hoy tienes los sistemas interconectados con el Estado de México... Fue la primera entidad que se subió con nosotros, junto con (la Secretaría de) Función Pública que tiene la parte federal”, explicó el titular de la SESNA, Ricardo Salgado.
El retraso de las otras entidades se debe a que no han acabado de conformar sus sistemas locales anticorrupción, pues incluso falta el nombramiento de cinco secretarios ejecutivos locales.
Salgado Perrilliat aseguró que se han hecho llamados a las entidades federativas para concluir cuanto antes su integración con el Sistema Nacional Anticorrupción.
En la presentación de la Plataforma, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, recomendó sumar a esta plataforma las bases de datos de información que manejan los gobiernos locales pero que sirven para rastrear movimientos y operaciones de funcionarios públicos y particulares.
Mencionó bases de datos de catastro, Registro Público de la Propiedad, Registro Civil y el registro vehicular, por ejemplo, los cuales sirven para hacer cruces con el sistema financiero.
Además consideró que deben incorporar matemáticos que ayuden a generar modelos de riesgo que permitan analizar información y lancen alertas cuando se detecten inconsistencias o focos rojos en el patrimonio y otros movimientos de los servidores públicos o particulares vinculados con el gobierno.