Para que haya justicia en contra de los feminicidas y todas las situaciones que se dan antes y después de cometidos este tipo de crímenes, ajustar las leyes no alcanza.
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Ana Sofía Torres, académica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y Dolores del Carmen Chinas Salazar, profesora de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de UdeG Virtual; coincidieron en que el tratamiento a esta problemática va más mucho más allá de la legislación.
Esto en entrevistas, a propósito de la iniciativa que presentó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH), del gobierno del estado, Fela Pelayo. La propuesta, que fue presentada ayer ante el Senado de la República, se llama “Feminicida Tras las Rejas” y plantea una reforma a los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que quien cometa este delito no pueda acceder al beneficio de la libertad condicional o la libertad anticipada y cumpla la totalidad de su condena.
De acuerdo con las expertas en impartición de justicia en el estado, la medida de endurecer las penas para quienes asesinan a alguien por ser mujer no resolverá nada en sí misma. Si no es acompañada por políticas públicas integrales que incluyan, principalmente, el fortalecimiento de capacidades institucionales (en concreto de la Fiscalía), es probable que, ante el hartazgo generalizado que hay actualmente en Jalisco y en todo México, quede solo como el resultado del “populismo penal”.
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Actualmente, existen acuerdos internacionales firmados por México como la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará, la Declaración de Beijing; además de las leyes generales nacionales que existen para la igualdad, para vivir una vida libre de violencia, para prevenir la discriminación y para prevenir la discriminación.
“Yo creo que con la ley que está ahora podría hacerse esa interpretación. Podrían determinar hacer una confluencia de delitos. De nada nos va a servir una ley que ponga penas más duras, si en realidad el problema está colocado en otro lugar. El problema tiene que ver con la impunidad. El foco más importante está en garantizar que los miembros de la Fiscalía sepan investigar con perspectiva de género y que cuando Poder Judicial reciba el caso, lo evalúe también con perspectiva de género, ahí está uno de los temas más importante”, agregó la abogada del ITESO.
“Mucho lograríamos si bajáramos los niveles de impunidad. No necesitaríamos tal endurecimiento. A mí me preocupa la sola modificación de este aspecto del proceso penal, la libertad anticipada. Pues en realidad envía un mensaje de que, al final, sigue sin pasar nada. Porque pues mucha ley, pero tampoco está aplicada, tampoco está fortaleciéndose el sistema y una parte importantísima, más allá de la libertad o no, que sería parte del proceso que lleve una persona que cometa un delito, es que el estado está fallando en proteger a las víctimas y esa sí es una obligación que tiene que cumplir directamente”, agregó.
Por su parte, Chinas Salazar aseguró que el feminicidio necesita una atención integral, que tiene que ver con la violencia estructural, que lleva a la normalización y a la deshumanización: “Una ley por sí sola nos lleva a eso. Ese asunto que es como el más difícil, que dejemos de ver la violencia como normal tendría que contrarrestarse con otro tipo de políticas. Por ejemplo, educación para la paz o cuestiones como humanizar la crianza”.
“La forma en que las mujeres tenemos el trabajo nos lleva a veces a grandes ausencias en el seno familiar, es decir, los dos deben trabajar y en jornadas muy largas, es decir, quién se encarga de la crianza. Humanizar la crianza significa que si una mujer o un padre tiene un hijo en edad escolar pueda reducir su jornada para tener más presencia en su crianza. Ese tema que tiene que ver con derechos laborales ni siquiera se está discutiendo. Cómo hacemos para que el trabajo nos permita seguir atendiendo a la familia. Apostar económicamente, pero también atender a la familia. Tenemos un sistema laboral totalmente precarizado, y una sociedad desigual”, explicó la académica de la Universidad de Guadalajara.
En cuanto a feminicidio, quienes lo cometen saben que podrán quedar libres porque hay algún error en el proceso, porque no se integra la investigación con perspectiva de género, porque hay una gran corrupción. “Es importante modificar el tipo penal para mejorar la manera en que se atiende esta grave problemática social, pero también es importante que la estructura del sistema judicial cambie en ese sentido, para lograr que todas las personas involucradas en él tengan la capacitación necesaria y para juzgar con perspectiva de género y que en México se empiece a trabajar en los temas de impunidad y corrupción de manera real”, puntualizó la especialista en leyes de la UdeG.
SRN