Las condiciones laborales en las que se encuentran los empleados que realizan las investigaciones de las muertes de mujeres o feminicidios en Jalisco son precarias. No cuentan con prestaciones de ley, ni seguro social. Su nómina en ocasiones se ve atrasada y, además, se ven orillados a hacer uso de sus recursos materiales como los carros, para trasladarse y cumplir con su trabajo, así lo declaró la especialista en la materia e integrante del Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Guadalupe Ramos Ponce.
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“Sabemos que hay una cuestión laboral e interna en la Fiscalía donde no están recibiendo pagos. Tienen retraso en su nómina, no hay seguridad laboral. La gente que está ahí haciendo las búsquedas de investigaciones, algunas están bajo contrato que no les permiten ningún tipo de prestación social y de seguridad laboral, de nada”, reveló Ramos.
De acuerdo con la experta, esta situación permea para avanzar en las investigaciones, pues si desde lo interno no hay claridad y seriedad, los expedientes y la manera en cómo se lleva el proceso de los feminicidios se verán mermados por la falta de pruebas concretas que respalden el delito.
Los esfuerzos del gobierno del estado para disminuir las cifras en feminicidios, durante el primer bimestre del año, en comparación del 2019, son insuficientes y no responden a los protocolos de investigación.
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“Nos preocupa mucho esta parálisis ornamental para atender estos casos. La fiscalía impulsa que se creen fiscalías como la unidad de contexto para realizar investigación criminológica y profunda y para que de esa manera se tuviera información más acertada sobre qué es lo que estaba pasando con ese fenómeno criminológico y que permitiera atender en su momento y erradicar esas problemáticas, y vemos que no sucede, no está pasando eso”, explicó la activista.
Ante el supuesto decrecimiento del 30 por ciento de estos crímenes, Lupita Ramos comentó que si el estado determinara los feminicidios con base en el protocolo, además de dictaminarlos con perspectiva de género, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH) no hubiera consignado solo cuatro casos de las 28 muertes registradas de forma violenta hacia las mujeres. Pues aseguró que de esa cifra, por lo menos el 80 por ciento es de feminicidios, es decir, 22 de los 28 casos.
“Desde las autoridades hay toda una postura de minimizar el tema y decir que disminuyeron los feminicidios. No disminuyeron, lo que pasa es que consignan menos casos como feminicidios y eso les ha venido bien porque a nivel nacional no figuran en las estadísticas Jalisco”, agregó la defensora de los derechos de las mujeres.
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También agregó que el gobierno del estado no puede manipular los datos de las muertes de las mujeres, pero sí la forma de catalogarlo y, por ende, la cifra de feminicidios es menor.
En los últimos tres años, Jalisco registró un aumento de casi el doble de feminicidios por año, en el 2018 se consignaron 198 casos y el año pasado 285, esto de acuerdo con el registro que Lupita Ramos a través del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el 2019, en México se registraron un total de 976 feminicidios, de los cuales 54 corresponden al estado de Jalisco, posicionándose en la entidad número seis; aproximadamente 30 de esos son mujeres mayores de edad, mientras que el resto están catalogadas como menores y no especificado.
Cuatro de los municipios de Jalisco figuran en el listado de los 100 municipios a escala nacional con mayor número de feminicidios de enero a diciembre del año pasado; Tlajomulco ocupó el lugar número 17, con un total de nueve; Zapopan el 32, con seis; Puerto Vallarta la posición número 41, con cinco; y El Salto el lugar 86, con tres casos.
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Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) Alfonso Barrón Hernández, aseguró que las autoridades estatales continúan quebrantando el derecho de los familiares de las personas desaparecidas a la verdad y acceso a la justicia.
“Todas las violencias han crecido, 2019 fue el año más violento para Jalisco, representa un delito de lesa humanidad, sobre todo cuando participan servidores públicos que aquí debemos revisar que incumplen con la obligación de garantía y luego son datos crueles e inhumanos, en contra de la sociedad, no sólo de las familias afectadas”, explicó el ombudsman estatal.
La primera recomendación que la CEDHJ emitió en lo que va del año se debió a un caso de feminicidio: “A la fecha, la gran de mayoría de los casos de muerte por violencia a la mujer siguen en impunidad, los tipos están prófugos, las sentencias no son las más altas, y en algunos casos incluso después de estar como feminicidas confesos los dejan en libertad”, indicó Ramos Ponce.
Ante el vacío existente, la SISEMH dio a conocer, a inicios de tercera semana de febrero, la iniciativa “Feminicidas Tras las Rejas”, que tiene como objetivo quitar la libertad anticipada y condicional a los feminicidas, lo que incluiría el delito de feminicidio al nivel de gravedad que la delincuencia organizada, la trata de personas y el secuestro.
SRN