El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) considera que la visita al rancho Izaguirre en Teuchitlán presentó "múltiples fallas en la logística y preparación de la acción por parte de las autoridades".
"Lejos de ser un proceso que constituyera un espacio para garantizar los derechos al acceso a la información, realizar la observancia y participar en las labores de búsqueda e investigación, así como ejercer la rendición de cuentas, los colectivos de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Puebla, Estado de México y Colima, que estuvieron presentes, fueron tratadas de forma insensible, revictimizante y sin que se priorizara sus necesidades", señala la organización defensora de derechos humanos
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Lo que debía ser un ejercicio de transparencia y participación para las familias de personas desaparecidas terminó por convertirse en una jornada de indignación, maltrato y desinformación, la visita al Rancho Izaguirre, organizada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ), fue denunciada públicamente por colectivos de búsqueda y organizaciones civiles como un acto revictimizante que dejó en evidencia la falta de condiciones mínimas para garantizar la dignidad, seguridad y derechos de las familias.
¿Cómo califica la CEPAD la vista al rancho Izaguirre?
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) documentó en terreno las múltiples fallas logísticas y el impacto emocional en los asistentes, desde el inicio, no se brindó claridad sobre quiénes coordinaban la actividad, no se registró adecuadamente a las personas asistentes, y se mantuvo a familias bajo el sol, sin sombra, sin asientos, ni agua, durante horas de espera para un recorrido que apenas duraba unos minutos.
Incluso, cuando las familias decidieron avanzar por su cuenta hacia el predio, se encontraron con un cerco policiaco que intentó detenerlas, sin embargo, este fue superado pacíficamente y las familias lograron llegar a la zona del hallazgo, ahí tampoco se ofreció explicación alguna sobre los avances en las investigaciones o los resultados obtenidos, pese a la expectativa legítima de información clara y detallada.
Cabe señalar que en el lugar no estuvieron presentes las personas claves en materia de procuración de justicia en el país y en Jalisco, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y el Fiscal del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos.
¿Qué exigen los colectivos y organizaciones tras lo sucedido?
Ante lo que consideran un ejercicio mediático carente de respeto y sensibilidad, CEPAD y las familias participantes emitieron una serie de exigencias puntuales dirigidas tanto a la FGR como a la Fiscalía de Jalisco:
- Acceso real a la información: Demandaron transparencia continua sobre el estado de las investigaciones y los procesos de identificación forense.
- Participación digna y efectiva: Rechazan actos simbólicos o simulados. Exigen condiciones reales para participar en las búsquedas, con seguridad, respeto y trato humano.
- Respeto a su dignidad: Reclamaron un enfoque humanitario que considere el impacto emocional de estos procesos y que garantice acompañamiento psicosocial.
- Garantías de seguridad: Exigieron medidas de protección antes, durante y después de cualquier diligencia, así como personal capacitado que evite ponerlas en riesgo.
- Rendición de cuentas y no repetición: Pidieron explicaciones públicas por las fallas en la logística y las alteraciones reportadas en el predio, así como la implementación de protocolos claros con participación directa de las familias.
Los colectivos coincidieron en que lo ocurrido en el Rancho Izaguirre no fue un acto de justicia, sino un espectáculo que profundizó su dolor y evidenció la falta de preparación institucional para abordar con seriedad la crisis de desapariciones en México.
MG