El financiamiento para la reconstrucción de viviendas en la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 carece de transparencia, pues no existen datos precisos y actualizados de la cantidad de inmuebles afectados y atendidos tras el terremoto.
Así lo advierte un reporte elaborado por el equipo Estado Abierto, que lidera la comisionada María del Carmen Nava, integrante del pleno del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (INFOCDMX).
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“El proceso de reconstrucción en la Ciudad de México enfrenta desafíos significativos en términos de recopilación y comunicación de datos”, expone el estudio titulado “Transparencia a seis años del 19S: Análisis de la transparencia en la reconstrucción y gestión de la información”, que fue presentado por Nava en sesión del pleno del INFOCDMX y que contiene datos hasta 2023.
“El primer desafío radica en la dificultad para obtener datos precisos y actualizados sobre la cantidad de edificios afectados y atendidos. Esta falta de información fiable afecta negativamente la toma de decisiones informadas”, añade el documento.
El reporte señala que no es posible la identificación plena de los beneficiarios de las acciones de reconstrucción, que las bases de datos de los beneficiarios no están completas y no son detalladas, lo que “dificulta la comprensión de quiénes están siendo ayudados, qué tipo de apoyo reciben y en qué condiciones se encuentran”.
Los tipos de apoyo de los que no hay información completa y congruente son: monto ejercido para la demolición de la construcción; monto ejercido para estudios de la edificación y el suelo; monto ejercido por el pago de proyectos arquitectónicos y estructurales; montos ejercidos para las obras de reforzamiento y reconstrucción; apoyos destinados a la renta de viviendas temporales y exención de pagos por servicios de agua y predial, entre otros.
Ante ello, el estudio advierte que “esta falta de transparencia y de datos de calidad en formatos accesibles y abiertos obstaculiza la rendición de cuentas, ya que la ciudadanía y las partes interesadas necesitan información confiable para evaluar adecuadamente el progreso de la reconstrucción”.
El documento expone que aunque las cifras oficiales de la Comisión de Reconstrucción señalan que durante el sismo de 2017 se afectaron 22 mil 25 viviendas, las bases de datos de los beneficiarios contienen 25 mil 176 nombres de personas afectadas, a pesar de que el número de viviendas afectadas debería coincidir con el número de personas beneficiarias, pues cada vivienda debería estar asociada a sólo una persona propietaria o poseedora.
“Esta discrepancia podría requerir un análisis adicional para identificar los registros del padrón de beneficiarios que no se corresponden con una vivienda. Sin embargo, es importante señalar que la base de datos carece de campos que permitan realizar esta asociación, como la ubicación geográfica específica de las viviendas (alcaldía, calle, número, clave de vivienda). La información del padrón de beneficiarios sólo incluye campos como apellido paterno, apellido materno, nombres, validación social, tipo de intervención y estatus de la vivienda”, dice el reporte.
Otro dato que destaca el documento es que, al revisar el padrón de personas que se han beneficiado de las exenciones de pago de servicios de agua e impuesto predial, se encontraron discrepancias aún mayores.
“Según el padrón, solo 3 mil 32 personas fueron exentas del pago de servicios de agua y solo 4 mil 298 del pago de impuesto predial. Esto contrasta con diferencias de 18 mil 993 y 17 mil 727 personas, respectivamente (frente al número de damnificados). Estas discrepancias podrían sugerir que la mayoría de las personas afectadas no pudieron ejercer su derecho a estas exenciones por diversas razones”, dice.
El análisis identificó que “en lo que respecta al contenido de las bases de datos de personas beneficiarias, se identifica una carencia, ya que en el mejor de los casos cuentan con solamente seis de los 18 campos que deberían estar presentes según el Padrón Único de Personas Beneficiarias”.
Por ello, concluye que esa limitación en la información puede dificultar la gestión efectiva de los apoyos y la evaluación de los programas destinados a las personas afectadas por la reconstrucción, lo que subraya la necesidad de mejorar la calidad y la integridad de estas bases de datos.
La comisionada Nava Polina resaltó que en el reporte se encuentran una serie de 10 recomendaciones de políticas públicas que buscan mejorar la transparencia y facilitar el acceso a la información en eventos de riesgos de emergencias como el sismo del 19S para que sean atendidas por actores e instituciones públicas y que tengan una mayor proximidad a las necesidades de la sociedad y personas afectadas.
CHZ