El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la Secretaría de Gobernación envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para advertir de la posible liberación de los militares involucrados en el caso Ayotzinapa.
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario consideró que desde el Poder Judicial se quiere politizar politizar el asunto, con el fin de desprestigiar al Ejército e incluso hacerlo a él quedar mal frente a la promesa de esclarecer la desaparición de los normalistas.
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“Le voy a pedir a la Secretaria de Gobernación que dé a conocer esa carta y, como si le hubiésemos dicho, libérenlos. Hace como 15 días (se envió la carta) porque ya veíamos venir, igual que la liberación del Procurador y qué buscan, una, desprestigio al Ejército, ¿por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente, soberana.
“Y lo segundo, hacerme quedar mal, pero pues yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores, inmorales, farsantes, toda esa caterva de hipócritas y lo vamos a seguir haciendo y le vamos a ir explicando poco a poco porque es una maraña que dejaron y sigue”, expresó.
Estos señalamientos se dan luego de que este sábado se anunciara que ocho de los 13 militares relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa serán liberados, después de que la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo revocara la prisión preventiva que se les había impuesto.
La jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca consideró que ya no existía el riesgo de fuga para ninguno de los imputados, modificando así las condiciones bajo las cuales se les impuso la prisión preventiva oficiosa el 22 de junio.
López Obrador consideró que la corte y algunos organismos de derechos humanos están buscando que termine el gobierno y de esta manera acusar que se cayó en las mismas prácticas que en el sexenio de Peña Nieto.
Sin embargo, aseguró que los ocho meses que restan de su administración serán suficientes para resolver el caso aun enfrentando situaciones como el “sabadazo” del fin de semana pasado, con la liberación de los militares.
“Conozco, he vivido y vengo del pueblo, conozco los sentimientos de la gente y nada más lo que hacía falta es que se rompiera el cerco informativo, ya lo rompimos. Además, enseñan el cobre cada día que pasa, cada vez más. Porque son muy malos e inexpertos corruptos, son otras reglas, no es lo mismo de antes, no saben cómo”, agregó.
Militares podrían fugarse, alertó Alcalde en carta
La secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, hizo público un oficio que le envió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Pina, advirtiendo “el alto riesgo” de liberar a los 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa.
En su cuenta de X, la funcionaria federal explicó, que el documento en el que se observa el sello de “confidencial” y el acuse de recibo del 12 de diciembre pasado en la SCJN; se difunde por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En dicho oficio, Alcalde Luján refirió que en la resolución del 30 de noviembre de 2023 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, integrado por los magistrados Francisco Javier Sarabia, Juan José Olvera y Horacio Armando Hernández (ponente), estimaron fundado el agravio aducido por los 8 militares inculpados dentro de la causa penal 1/2023.
En este contexto, la titular de Segob indicó que “la ejecutoría no ha sido formalmente notificada, en consecuencia determinó modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emita una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada a los inculpados relacionados con el caso Ayotzinapa: subteniente Omar Torres Marquillo, sargento segundo Roberto de los Santos Eduviges, sargento segundo Ramiro Manzanares Sanabria, sargento segundo Juan Andrés Flores Lagunas, sargento primero Gustavo Rodríguez de la Cruz, Cabo Uri Yashiel Reyes Lasos, Cabo Ely Estrada Díaz y cabo Juan Sotelo Díaz”.
Lo anterior, subrayó, resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe “un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. Además. Debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan”, expresó.
La secretaria de Gobernación concluyó la misiva señalando la confianza en que el Poder Judicial velaría por el Estado de Derecho, garantizando los derechos humanos de las víctimas y sancionaría a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia.
LP