Las comisiones legislativas iniciaron el análisis de la iniciativa de ley, que busca frenar el “coyotaje” en la entidad y la venta de licencias apócrifas de Guerrero, porque no resultan válidas para reclamar el pago del seguro ni para otros trámites oficiales que se lleven a cabo en la entidad, pues no están registradas ni son auténticas.
La propuesta del diputado Jesús Isidro Moreno Mercado considera una sanción de seis meses a un año de prisión a quien por sí o por medio de otra persona, expida, acopie, transporte, oferte, trámite, gestione, entregue, cambie, produzca o fabrique por cualquier medio, o altere dentro de la entidad, placas de circulación, calcomanías, permisos provisionales de circulación, licencias de conducir, permisos, tarjetas de circulación, entre otros trámites por medio de otras entidades federativas en territorio estatal.
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Apunta que se entenderá que son producto de una actividad ilícita o simulada cuando no sean servicios prestados por y en las instalaciones de las autoridades de la entidad competente, y por quienes éstas autoricen legalmente. Aunado a cuando existan indicios fundados o certeza de que no se realizaron ante la autoridad competente de la entidad, que provienen directa o indirectamente o representan la comisión de algún delito y no pueden acreditar su legítima procedencia.
El legislador señaló que de acuerdo con datos del INEGI circulan en el país más de 50 millones de vehículos de motor, de los cuales 8.5 millones se encuentran matriculados en la entidad, lo cual significa que por cada dos mexiquenses existe un vehículo, de los cuales 13 millones son automóviles y 755 mil motocicletas.
En todos los casos es necesario que sus poseedores cumplan con diferentes obligaciones administrativas, desde el alta vehicular, el pago de tenencia o refrendo vehicular, la expedición de placas y tarjetas de circulación, así como la verificación de emisiones contaminantes y la licencia o permiso de conducir que es uno de los trámites vehiculares más recurrentes.
Sólo 700 mil licencias válidas
No obstante que existen 8.5 millones de unidades, laSecretaría de Movilidad sólo tenía registradas 700 mil licencias de conducir de servicio privado, vigentes hasta el 2022, lo cual evidencia la gran irregularidad que existe en el tema, sobre todo por la venta de licencias hasta en “chelerías” a sólo 800 pesos, por cinco años, con el único requisito de presentar dos fotos y en dos horas entregan un documento que no es válido en la entidad.
Ante la falta de normatividad para contrarrestar este problema es que el Poder Legislativo analiza esta iniciativa de ley con el fin de sancionar a esos gestores, a lo cual la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza pidió revisar bien el tema para no criminalizar y tener presente la necesidad de reducir la burocracia y acercar el servicio a la población con incentivos para hacerlos cumplir.
Por su parte, Braulio Álvarez Jasso, resaltó la importancia de darle certeza jurídica porque al final la documentación firmada presuntamente por el gobierno o ayuntamientos de Guerrero no es válida. Consideró que sería posible valorar la expedición de licencias en la entidad por seis años a menor costo y en el caso de los transportistas hacerlo más sencillo.
Faustino Cruz dijo que es necesario garantizar los ingresos estatales y evitar lo tortuoso de los trámites; mientras, Karla Aguilar, añadió que con esto no se trata de sancionar a la ciudadanía, sino contribuir a la cultura de la legalidad, evitar la fuga de dinero para el estado y garantizar un parque vehicular veraz y actualizado.
El proponente enfatizó que la Fiscalía de Justicia le informó que no hay día que no llegue al Ministerio Público alguien con una licencia inválida, pues ahora se venden hasta en los tianguis, chelerías y en cualquier casa habitación.
XMP